A los contribuyentes poblanos les costó 2 mil 700 millones de pesos una deuda ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), generada a partir de una irresponsabilidad financiera cometida durante la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, dio a conocer el actual mandatario estatal, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

En conferencia de prensa desde Casa Aguayo, la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), Teresa Castro Corro, reveló este martes que el pasado 5 de abril se pagaron 2 mil 700 millones de pesos al SAT, esto a consecuencia de un litigio que empezó el gobierno de Moreno Valle Rosas.

Detalló que el conflicto tuvo su origen en 2015, cuando la administración estatal contrató una consultoría denominada Sistemas LAC. Dicha empresa recomendó solicitar al SAT una devolución de impuestos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2009 y 2010.

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Producto de ese análisis, se determinó que las arcas estatales podrían recibir hasta 702 millones de pesos por ese concepto. Ese dinero fue devuelto a Puebla. De hecho, la administración de Moreno Valle Rosas inclusive le otorgó un bono a la empresa que llevó a cabo la corrida financiera por ese éxito.

No obstante, en 2018, durante el gobierno de José Antonio Gali Fayad, el SAT denunció que la devolución de impuestos determinada por Sistemas LAC fue incorrecta, debido a que el gobierno estatal se basó en una disposición fuera de tiempo y contexto, por lo que la autoridad federal lo consideró como un acto doloso. Esto constituyó la imposición de un crédito fiscal.

Así, el Estado poblano litigó la determinación del SAT. No obstante, durante estos años, la deuda ascendió a 2 mil 700 millones de pesos. Es decir, el erario estatal tuvo que pagar 286 por ciento más que los 702 millones de pesos iniciales.

Según determinó Castro Corro, la decisión de terminar con el litigio y liquidar lo adeudado se dio a partir de que mantener el proceso en tribunales era inviable para el Estado poblano, debido a que la inconformidad del SAT estaba debidamente fundada. También dijo que, de mantener el proceso judicial, la deuda crecería entre 20 y 30 millones de pesos mensuales.

“Haciendo un análisis y con toda la certeza de una responsabilidad de un gobierno consciente, de no heredar conflictos ni desequilibrios financieros en las siguientes generaciones, se hace el análisis ante las posibilidades, y realmente les señaló, como autoridad fiscal uno tiene que dar obligación plena y completa de las gestiones”, explicó Castro Corro.

Aunado a ello, expuso que el incumplimiento de obligaciones fiscales representa incluso responsabilidades penales para el gobierno estatal, por lo que lo más viable fue liquidar dicha obligación financiera.

“La realidad es que no importa cuánto litiguemos, fue sustentado en un acto que no correspondía a las gestiones correspondientes. No hay forma de que se pueda ganar (...) Se determina dar cumplimiento a la obligación. No cumplir con obligaciones fiscales, señores, es un acto penal, y como gobiernos no estamos exentos”, agregó.

Gobierno investiga a responsables

Por su parte, el gobernador Céspedes Peregrina confirmó que este pago generará problemas para las finanzas públicas, sin embargo, hizo hincapié en que los proyectos ya etiquetados en la Ley de Egresos de 2023 quedaron intactos, por lo que su ejecución será procedente.

“Es importante poder exponer un caso que indigna y lastima las acciones del futuro de muchas generaciones (...) Hoy podemos dar cuenta de un caso que es lamentable (...) [derivado] de un manejo indebido, por un descuido, una falta de pago; no sé si a propósito o no, pero sí con una intención que lacera y lastima al estado, y que nos mueve para generar otro tipo de proyecciones”, señaló.

No obstante, indicó que su administración buscará el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para buscar otras fuentes de financiamiento, y señaló que el estado entrará en una nueva fase de austeridad.

El mandatario también aclaró que habrá consecuencias judiciales para quienes resulten responsables de haber cometido dicha irresponsabilidad financiera, que eventualmente finalizó en una excesiva presión de gasto para el estado.

Hay que recordar que la Ley de Egresos para el presente año determinó un tope de gasto de casi 120 mil pesos. De esta manera, la deuda generada por el Estado poblano a partir de 2015 es equivalente al 2.25 por ciento del presupuesto para 2023.

Finalmente, no hay que olvidar que el responsable de la Secretaría de Finanzas y Administración de Puebla en tiempos de Morena Valle, de 2011 a 2015, fue Roberto Moya Clemente, actual senador de la República en sustitución de Moreno Valle Rosas, quien falleció en diciembre de 2018.