La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme la sentencia que obliga al Gobierno del Estado de Puebla a pagar una indemnización superior a los 640 millones de pesos a la empresa Melgarejo Construcción y Concesiones S. A de C. V, quien demandó la suma millonaria en el 2012, cuando la autoridad decidió cancelarle la concesión que había obtenido para construir el libramiento poniente, debido a los atrasos en la obra.
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La ministra Lenia Batres Guadarrama compartió una nota informativa a través de su cuenta de X, antes Twitter; en la que advirtió que la decisión tomada por la mayoría de los ministros afecta el erario público, ya que además de la indemnización, el Estado deberá cubrir otros gastos reclamados por la firma.
“Este tipo de interpretaciones de la ley favorecen a las empresas privadas impactando los intereses del erario, ya que condenan al gobierno estatal, que deberá cubrir una indemnización por una obra que no se concluyó, además de pagar el monto total de la inversión que realizó para el proyecto libramiento poniente de la ciudad de Puebla, más el rendimiento convenido en el título de concesión y los accesorios que por ley correspondían”, expuso.
Batres explicó que la empresa obtuvo la adjudicación de la obra de construcción del libramiento poniente en marzo de 2009 y los términos del contrato en ese momento incluían una inversión superior a los 640 millones de pesos, así como los derechos para explotar la vía por 30 años.
Sin embargo, en junio de 2012 el gobierno de Puebla anunció que retiraría la concesión a la firma debido a la falta de avance en las obras y fue entonces que Melgarejo Construcción y Concesiones S. A de C. V decidió solicitar al gobierno una indemnización y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del título de concesión.
Debido a que no hubo respuesta por parte de la autoridad promovió un juicio ante la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa local, que declaró que ante la falta de respuesta de la autoridad se debería dar la razón a la demandante.
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Ante tal decisión, el gobierno estatal promovió un amparo directo que fue sobreseído en un órgano colegiado y cuyo recurso de revisión llegó a la SCJN, sin embargo, en la sesión del pasado miércoles la mayoría de los ministros, salvo Batres y Javier Laynez Potisek, rechazaron revisar el caso, de tal forma que dejaron firme la sentencia contra el gobierno de Puebla.
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