Los gobiernos que estuvieron en funciones desde el 2014 y hasta el 2018 no solventaron observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por 5 mil millones de pesos, por lo que en esta administración se retomaron los trabajos de revisión y está por aclararse el ejercicio de 2 mil 172 millones de pesos, informó la titular de la Secretaría de la Función Pública, Laura Olivia Villaseñor Rosales.
Durante su comparecencia en el Congreso local, como parte del Primer Informe de Gobierno, detalló que en su arribo a la dependencia detectó que desde el 2014 el gobierno del estado tiene “montos impresionantes” de observaciones por diferentes instancias, la ASF, la Auditoría Superior del Estado y de la Función Pública.
Estas observaciones, tenían recurrencia y en ningún momento se actuó para implementar mejores controles en el ejercicio de los recursos públicos y que no se cometieran las mismas irregularidades, en ese sentido, adelantó que se emprenderá un programa para atender las observaciones y mostrar a las dependencias lo que no deben hacer para cometer los mismos errores.
En entrevista posterior a su comparecencia, detalló que la Secretaría ya orienta a las diferentes dependencias del estado que tienen observaciones de la ASF para atender y dar respuesta a las observaciones, será la instancia fiscalizadora la que defina si estas indagaciones quedan solventadas.
LENTAS, LAS SANCIONES CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS
Durante su comparecencia, la secretaria también informó que hay 15 procedimiento de investigación contra 19 funcionarios públicos en lo que va de la administración de Miguel Barbosa, de los cuales, se han sancionado a tres servidores.
Las instituciones donde se tienen procedimientos iniciados son: Instituto Poblano de las Mujeres (1), Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (1), Policía Auxiliar (3), Secretaría de Seguridad Pública (2), Comité Administrador para la Construcción de Espacios Educativos (1) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (1).
También en la Secretaría de Bienestar (1), Banco Estatal de la Tierra (1), Secretaría de Finanzas y Administración (2), Consejería Jurídica (1), Secretaría General de Gobierno (1), Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (1), y Secretaría de Cultura y Turismo (1).
La secretaria dijo que, si bien existe lentitud en la sanción de servidores públicos, se debe a que sus expedientes se preparan de manera meticulosa, pues han llegado al Tribunal de Justicia Administrativa y en ocasiones son desechados porque la investigación no está debidamente soportada, esto impide que se pueda actuar contra ese servidor público.
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