Preocupante y condenable que el Ejército Mexicano y autoridades de Puebla vigilen a activistas, principalmente a mujeres, ya que ese tiempo y esos recursos deberían de ocuparlos en desarticular bandas delictivas que dan como resultado la violencia que se vive actualmente, así lo consideraron activistas y especialistas en derechos humanos.
El Sol de Puebla dio a conocer que, para el Ejército Mexicano, la creación de un grupo feminista en la ciudad de Puebla fue motivo de interés para la seguridad pública en 2020 y por tal motivo vigilaron de forma exhaustiva las redes sociales de sus integrantes, según documentos confidenciales extraídos por la agrupación internacional de hackers, Guacamaya.
Ante esta información, este medio entrevistó a Cinthya Ramírez Rodríguez de la organización REDefine, que es un grupo de mujeres feministas y activistas jóvenes. En su opinión, este tipo de hechos son condenables, pero a su vez preocupantes, pues pone en vulnerabilidad a todas las mujeres que ejercen el activismo.
“Es preocupante que tengan esa información, pero también es preocupante que nos pongan a la par de grupos delictivos que merecen su atención. Además, hay que tomar en cuenta que este punto trae de nuevo a colación lo que muchas organizaciones nos oponemos, que es la militarización del país”, comentó.
La también feminista dijo que varios grupos de Puebla se han pronunciado por las repercusiones que tendrá la militarización en las calles y cómo esto tendrá repercusiones en los índices de la violencia y, por tanto, en la vida de las mujeres. Por ello, este punto cobra importancia.
“Es condenable que estén buscando rostros de quienes salimos a manifestarnos y no de los asesinos, violadores y feminicidas. Esto claramente es grave, pero también nos deja una reflexión de que no es algo nuevo, no vamos a entrar en pánico. Sabemos que los gobiernos tienen la capacidad para saber quienes somos, cómo nos movemos y esto lo hacen porque somos personas incomodas”, dijo.
Por su parte, Cuauhtémoc Cruz Isidoro del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana (IDHIE) dejó en claro que esto es una violación a los derechos humanos de las mujeres feministas, particularmente al derecho a la asociación, a la libertad de expresión y a la privacidad que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha planteado.
Lamentó que las fuerzas de seguridad, particularmente el Ejército utilicen mecanismos de vigilancia y monitoreo para darle seguimiento a las actividades de los colectivos, ya que esto es un abuso a los trabajos de inteligencia y abona a la criminalización de la protesta social.
Al igual que la activista de REDefine cree que esto es un tema preocupante, pues con la militarización que se acaba de aprobar podrá haber un “Ejército espía”, que es lo que muchos activistas temen. Asimismo, creen que estos recursos deberían destinarse mejor en el combate al crimen organizado.
“Es un uso que mejor podría darse al combate al crimen organizado o temas más de seguridad, que al final son estos temas por los cuales los activistas salen a las calles a marchar”, opinó.
El Sol de Puebla dio a conocer que las autoridades militares y civiles detectaron que, supuestamente, la agrupación de jóvenes feministas buscaba organizar una reunión, en ese entonces, con el propósito de capacitar a sus integrantes y a otras mujeres en cómo “repeler la ‘represión’ por parte de la fuerza pública durante sus movilizaciones y acciones”.
El documento fue enviado a cinco destinatarios, entre ellos al titular de la FGE, Gilberto Higuera Bernal; la coordinación de la 25 Zona Militar, así como personal del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (CECSNP).