Para el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, la militarización de la Guardia Nacional (GN), que pretende ser materializada por decreto presidencial, no es un tema nuevo, pues refirió que la coordinación y apego entre ese organismo y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lleva meses siendo intensificada.
Lo anterior fue vertido después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que ordenará una serie de modificaciones orgánicas de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), para que, entre otras cosas, la GN se desprenda de la dependencia que dirige Rosa Icela Rodríguez Velázquez y pase a ser parte de la estructura del Ejército Mexicano.
“Debo decirte que ya, [desde] unos meses atrás, la Guardia Nacional está muy ligada a la Secretaría de la Defensa. Ya actúan en una estrechísima coordinación, eso es lo primero que te digo”, apuntó.
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Pese a ello, admitió que su administración está muy interesada en conocer los pormenores del acuerdo que emitirá próximamente el Ejecutivo federal, pues recalcó que las tareas que ambas dependencias desempeñan dependen de una coordinación muy estrecha.
“A ver, el presidente de la República es muy cuidadoso sobre los decretos que expide y estamos muy interesados en saber el contenido del mismo, sólo eso voy a decir”, subrayó.
Acuerdo de AMLO podría ser inconstitucional: expertos
Tal como dio a conocer El Sol de México, López Obrador externó en conferencia de prensa que, a través de un decreto que sería emitido sin el consenso del Congreso federal, derogaría la responsabilidad administrativa sobre la GN a Luis Cresencio Sandoval González, actual titular de la Sedena. De esta manera, el presidente busca proteger la reforma que previamente envió al Legislativo para modificar la ley en ese sentido.
No obstante, tal como consignó Javier Martín Reyes, maestro por la Universidad de Columbia y doctorante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el decreto anunciado por el mandatario federal es inconstitucional, pues la Carta Magna establece en su artículo 21 que la GN es un instrumento civil y que está adscrita a la SSPC.
Asimismo, el jurista Raúl Carrancá y Rivas subrayó en entrevista con la Organización Editorial Mexicana (OEM) que “un decreto no puede modificar una norma constitucional”, pues esto es responsabilidad del Legislativo únicamente.