En caso de hallarse culpable de los delitos de abuso de autoridad y extorsión, por lo que fue vinculado y encarcelado, José Luis N, presidente del Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, podría alcanzar una sentencia de seis meses hasta diez años de prisión, además de una multa económica, según lo dispuesto en el Código Penal del Estado de Puebla.

Considerando que al exfuncionario se le imputan los delitos de abuso de autoridad y extorsión, el artículo 419 del Código Penal del Estado de Puebla, refiere que a quien cometa abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, será sancionado con prisión de seis meses a seis años y multa de veinte a doscientos días de salario mínimo actualizado en el momento de la comisión del delito.

A su vez, el artículo 292 Bis, del mismo documento legal, explica que comete el delito de extorsión el que, con ánimo de conseguir un lucro o provecho, amenazare a otro, por cualquier medio con la finalidad de causar daños morales, físicos o patrimoniales, que afecten al amenazado ya sea persona física o jurídica con quien éste tuviere relaciones de cualquier orden que lo determinen a protegerlos.

Frente a este supuesto, al culpable del citado delito se le impondrán de dos a diez años de prisión y multa de cien a mil días de salario mínimo. No obstante, si el o los responsables del delito son o fueron servidores públicos o miembros de una institución de seguridad privada que utilizaron los medios y circunstancias de su trabajo a su beneficio, la pena que corresponda se aumentará en dos tercios, incluso deberá ser destituido del empleo, cargo o comisión pública.

Es de recordar que la tarde del pasado 18 de septiembre, mediante de orden librada por un juez, el magistrado Luis Ayala fue detenido por agentes ministeriales. Lo anterior obedeció a que el pasado 3 de septiembre a las 21:30 horas, la abogada de más de 60 trabajadores del Estado despedidos durante la administración de Rafael Moreno Valle, denunció a José Luis N, por los delitos de abuso de autoridad y extorsión, iniciándose la carpeta de investigación número 465/2019.

Según lo vertido en la primera audiencia celebrada en contra del exfuncionario, el entonces presidente del Tribunal de Arbitraje habría obligado y amenazado a la denunciante a entregarle un “apoyo” de 150 mil pesos ya que por temor a ser despedido con la llegada de la administración barbosista, “debía aprovechar”, exigiéndole un moche de 100 mil pesos por cada asunto, para así firmar los cheques de los agraviados que se encuentran en proceso de liberación.