Las autoridades de cualquier nivel de gobierno que sean omisas ante las denuncias sobre la existencia de negocios donde se vendan bebidas alcohólicas de forma ilegal podrán ser sancionadas con hasta tres años de prisión en Puebla.
Aunque previamente ya estaba penalizado el actuar de los funcionarios respecto a la operatividad de negocios irregulares de esta índole, recientemente fue publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) una reforma en la que se establece que una autoridad omisa también merece ser castigada.
Previamente sólo se condenaba a los servidores públicos que utilizaran su posición para encubrir o permitir a sitios de venta clandestina de alcohol funcionar sin problemas. No obstante, ahora, además de lo anterior, se incluyó la omisión como tipificante de delito.
Así, si una autoridad ignoró una denuncia de este tipo, podrá ser acreedor a una multa de entre tres meses a tres años de prisión, según lo establecido recientemente en el Código Penal del Estado. También se plantea una sanción económica, que puede ir de las 50 a las 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de los 5 mil 187 pesos a los 51 mil 870 pesos.
El decreto, que está firmado por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, justifica que el 7.9 por ciento de la población que acude a la secundaria en Puebla, generalmente adolescentes, sufre del consumo excesivo de alcohol; mientras que para quienes acuden al bachillerato esta cifra es de 23.4 por ciento.
Antecedentes
No hay que olvidar que en enero pasado fue asesinado a balas un hombre que comía con su familia en el tianguis de la colonia Granjas de San Isidro, situado en la ciudad de Puebla, en un establecimiento que ofrecía a sus clientes alcohol de forma ilícita.
El problema fue que funcionarios de la Secretaría de Gobernación Municipal, dependencia encabezada por Jorge Cruz Lepe, ya habían sido alertados de la operación de ese lugar, sin embargo, optaron por ignorar las denuncias y no hicieron algo al respecto hasta que fue consumado el acto delictivo ya mencionado.
En su momento, Céspedes Peregrina lamentó lo ocurrido y recomendó al ayuntamiento de Puebla, presidido por Eduardo Rivera Pérez, investigar y castigar a los funcionarios que fueron omisos ante los reclamos de la sociedad en ese sentido. También le pidió reforzar la seguridad en espacios de concentración masiva, como son los mercados y tianguis.
Por lo tanto, en hechos como este, el Código Penal ahora prevé sanciones contra los funcionarios que decidan no hacer nada frente a las denuncias ciudadanas que evidencien la existencia de este tipo de establecimientos.
