Los recientes casos de violencia al interior de las escuelas evidenciaron que los diputados locales han dejado de lado legislar en favor del millón 506 mil 414 alumnos de educación básica y media superior de los 217 municipios que conforman la entidad porque únicamente se han aprobado cinco reformas en temas escolares.
En los últimos meses se han documentado múltiples agresiones entre miembros del alumnado, las cuales han preocupado a los profesores, padres de familia y autoridades, por el nivel de violencia que se ejecuta. Por ejemplo, un video compartido en redes sociales mostró como dos adolescentes del Plantel 15 del COBAEP, ubicado en la Unidad Habitacional Manuel Rivera Anaya se agredieron mutuamente con golpes y los estudiantes piden no separarlos mientras gritan cosas como “ya mátalo”.
Desde el 15 de septiembre del 2021 al 23 de octubre del año en curso, los 41 legisladores locales han presentado 32 iniciativas de reformas en temas educativos y el gobernador Miguel Barbosa Huerta envió una, así que el total de propuestas relacionadas en dicho tema es de 33.
La cifra representa una minoría en comparación con el universo de propuestas ingresadas al Congreso local desde el inicio de la actual legislatura porque hasta la publicación de este texto se han presentado 569 reformas de iniciativas o leyes, así que las 33 representan únicamente el 5.79 por ciento del total.
Aunado a lo anterior, el contenido de la mayoría va enfocado en fomentar el manejo del dinero entre los estudiantes, anexar algunos conceptos, especificar la redacción para ser incluyentes con el lenguaje, así que no abordan las agresiones entre jóvenes, salvo una que presentaron las diputadas locales Laura Ivonne Zapata Martínez y María Ruth Zárate Domínguez para imponer multas a quien agreda a un compañero al interior de la institución.
No obstante, se mantiene en la congeladora porque a tres meses de ser presentada no ha sido analizada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Escuelas de tiempo completo, la reformas más destacada
De acuerdo con una revisión hecha por El Sol de Puebla en la página del Congreso local, de las 33 propuestas en materia de educación solo cinco han sido aprobadas, de la cual la más destaca fue la enviada por el mandatario estatal para darle continuidad al programa Escuelas de Tiempo Completo.
Las otras cuatro reformas educativas aprobadas fueron de los legisladores locales de Morena, Roberto Solís Valles, Xel Arianna Hernández García y el diputado local de Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez. El contenido de las mismas fue enfocado en promover acciones al interior de los planteles.
La propuesta de Morales Martínez fue la primea en ser aprobada en el pleno y consistió en reformas los artículos 4,5 y 18 de la Ley del Desarrollo Económico Sustentable del Estado y los artículos 13 y 69 de la Ley de Educación del Estado para fomentar la educación financiera y promover la cultura del ahorro en los jóvenes.
Posteriormente, se dio luz verde a la que envió Barbosa Huerta con el fin de mantener las Escuelas de Tiempo Completo para apoyar a las familias de escasos recursos debido a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal canceló el programa que en Puebla beneficia a 93 mil personas.
La tercera y cuarta reforma en ser avaladas fueron propuestas por el representante popular Solís Valles. Una de ellas fue a la Ley de Educación Inicial del Estado para privilegiar la educación sostenible y priorizar el conocimiento, respeto y cuidado del medio ambiente.
En tanto, las otras reformas fueron a la Ley de Educación del Estado para que cuando los planteles lo permitan la autoridad educativa promueva mediante la instalación de huertos y viveros el destino de una superficie en las instalaciones del plantel.
En congeladora, iniciativa para poner sanciones a agresores
De las 28 iniciativas que hasta el momento están en la congeladora resalta la que presentaron las diputadas locales Zapata Martínez y Zárate Domínguez para imponer multas a quien agreda a un compañero al interior de la institución, así como castigar hasta con dos años de prisión a los profesores o directivos que sean omisos ante casos de bullying en las escuelas de Puebla.
Entre las modificaciones al Código Penal del Estado se establece que se impondrán de uno a dos años de prisión al profesor, directivo o autoridad competente que omita tomar las medidas pertinentes en cuanto tenga conocimiento de algún hecho de acoso escolar.
Adicionalmente se estipula que se aplicará trabajo social y multas desde 19 mil 244 hasta 48 mil 110 pesos, “a quien cause violencia física o emocional a su compañero de escuela, dentro de las instalaciones de la institución educativa”.
En los argumentos de la iniciativa, las legisladoras señalaron que se busca tipificar el acoso escolar como delito penal, con el objetivo de que crear un método de contención para reducir dichos actos de violencia.
Las reformas al Código Penal, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Educación, la Ley de Educación Superior y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Puebla fueron presentadas el 15 de julio del 2022 y hasta ahora no han sido analizadas.
Padres piden prevención
Ante la falta de legislación en favor de los estudiantes de escuelas en la entidad, los padres y madres de familia consideran que existe un gran rezago en el tema que debe atenderse para evitar normalizar las peleas entre los estudiantes de los diferentes grados académicos. A la par, se pronunciaron a favor de trabajar en la prevención de la violencia.
En entrevista con esta casa editorial, Ana Laura, madre de dos niñas, de las cuales una cursa el preescolar y otra la primaria, puntualizó que el plantel donde estudia su hija mayor (del cual prefirió no revelar el nombre), se han dado casos de agresiones menores, donde alumnos tuvieron un descontento y comenzaron a forcejear entre sí, pero las autoridades educativas intervinieron a tiempo para evitar que el conflicto se hiciera mayor.
Consideró que los directivos de las escuelas, la SEP y diputados deben trabajar conjuntamente en acciones de prevención porque los estudiantes aún se encuentran en la etapa de crecimiento que les permite cambiar o modificar ciertas conductas. No obstante, reconoció que podría ser difícil para aquellos alumnos que viven en entornos violentos.
“En las escuelas donde van mis hijas se han presentado cosas menores, cuando dos alumnos se enojan y comienzan a forcejear, pero si deberían hacer algo para prevenir eso (las agresiones). Las escuelas deben ser espacios seguros, como padres ya no sabemos si hacemos bien en llevarlos a un planten u otro porque a veces pasan estas cosas”, sostuvo.
Con la declaración de la madre de familia coincidieron Pamela Limón y Guadalupe Guerra, cada una con un hijo que cursa el bachillerato. La última anteriormente mencionada opinó que los estudiantes reflejan lo que viven en sus casas, así que a veces los chicos demuestran que en sus hogares son normales los gritos, empujones y golpes.
Profundizó que los docentes tienen múltiples encomiendas y los padres deben asumir la responsabilidad que les corresponde porque inculcar valores para respetar a los otros y enseñar que la violencia no es una buena solución a los problemas es algo que se aprende en casa, desde los primeros años de la infancia.
“Nosotros tenemos que apoyar, no es solo de los maestros, es algo que a veces se inculta desde casa, cosas tan sencillas como el respeto para la convivencia”, externó.
El titular de la Secretaría de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez, declaró que en las primeras dos semanas de haber iniciado el ciclo escolar 2022 – 2023 que tenían contabilizados 10 casos de bullying, por lo que, anticipó que la dependencia estatal reforzaría sus protocolos de acción para prevenir dichas actitudes que pongan en riesgo la salud y el bienestar de los alumnos de primaria, secundaria y bachiller en la entidad.
Una de las formas para denunciar algún tipo de acoso escolar o situación que ponga en peligro a un alumno es llamar al número 22 22 29 69 00 de la SEP para canalizar el caso o enviar un correo a atencionciudadana.se@seppue.gob.mx.
Hay rezago porque educación no beneficia a políticos
A decir de José Luis Fernández Ojeda, docente de la preparatoria del Tecnológico de Monterrey, uno de los motivos por los que los legisladores locales han dejado de lado trabajar en temas educativos es porque se trata de una de las áreas donde menos beneficio político pueden obtener los representantes populares.
Ahondó en que, al tratarse de personas menores de 18 años, es un sector de la población que puede resultarles de poca utilidad porque no cuentan con la posibilidad de votar durante los procesos electorales, mientras que, aquellas reformas enfocadas a personas que cuentan con la facultad de emitir sufragios, son más útiles para los posibles proyectos personales de los diputados locales.
“Estos temas se han descuidado (legislación en temas educativos) porque quizá para las agendas políticas es de los temas que más se han descuidado porque podrían tener un mayor impacto en otros aspectos respecto al grupo ciudadano que podría responderles como por poder políticos, con votos etc. Y la educación pues es de los aspectos que menos beneficio político les podría traer y por eso podría ser descuidado”, comentó.
El docente ejemplificó que otro de los sectores donde tampoco resalta que trabajen es por las personas que padecen alguna discapacidad. En contraste, verbalizó que muchos se suman a la agenda femenina porque forman gran parte de la población.
Platicó que en su experiencia como decente no ha tenido que presenciar peleas físicas entre alumnos, pero cuenta con colegas que sí, por lo que conoce el contexto al que se enfrentan los encargados de los grupos cuando suceden dichos acontecimientos.
Desde su perspectiva, la legislación es un área que debe atenderse, pero no resolvería de fondo el problema porque a veces la aprobación de reformas queda en letra muerta y no garantizara que los hechos dejarán de vivirse en la entidad.
Ante este panorama, manifestó que se requiere de un trabajo conjunto entre los diputados locales, maestros, padres de familia y autoridades educativas para reducir las peleas escolares que afectan a los estudiantes.