Alrededor de dos mil ambulantes en el Centro Histórico heredó la gestión recién concluida de Luis Banck Serrato al Ayuntamiento de Puebla a cargo de Claudia Rivera Vivanco, sin que las estrategias puestas en marcha dieran resultados permanentes.
Este fenómeno social no es propio del gobierno saliente, pues desde hace más de 30 años la invasión de la vía pública se encuentra sin solucionarse de manera definitiva por las autoridades municipales.
Durante los últimos cuatro años y ochos meses hubo operativos con apoyo de la fuerza policial y la puesta en marcha del programa “Corredor Comercial Temporal”, pero estas acciones resultaron insuficientes y en las últimas semanas previas a concluir el mandato la invasión de la vía pública fue avanzando de manera considerable donde antes no había puestos, como el corredor 5 de Mayo entre 6 Oriente y 16 Poniente-Oriente.
El último reporte del departamento de Vía Pública realizado a regidores a inicios del mes de octubre reveló la presencia de mil 23 informales en el Centro Histórico; sin embargo, de acuerdo a versiones de los mismos inspectores municipales y del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, la cifra oscila en dos mil.
GOBIERNOS PASAN SIN SOLUCIONES
En otros trienios, como el del priista Mario Marín Torres (1999-2002) o del panista Luis Paredes Moctezuma (2002-2005), los operativos disminuyeron al optar por mejor volverse aliados de los líderes tolerando la presencia de puestos en la vía pública al menos cinco días a la semana.
Además, como en el caso del integrante del PRI, complementó su esquema con la creación de otros mercados en juntas auxiliares como en San Francisco Totimehuacán, llamado “Mario Marín Torres”. A raíz de un enfrentamiento a balazos entre informales en la 5 de Mayo y 10 Poniente, hubo operativo con apoyo del estado a fin de liberar temporalmente las calles.
Por otro lado, con el trienio priista de Enrique Doger Guerrero (2005-2008) se desalojaron parte de las calles ante el escenario dejado por su antecesor, el panista Luis Paredes Moctezuma, quien permitió la presencia de “carritos” en la misma plancha del Zócalo, a cargo de la familia Huitzil, para la venta de hot dogs , frituras, elotes, etc.
Eliminó también el acuerdo de dos horas de trabajo por una de descanso en calles como la 8 y 10 Poniente, así como la 3 y 5 Norte. Esto dio paso que los vendedores reforzaran la estrategia de “torear” con la finalidad de evadir los operativos de la autoridad.
Durante el siguiente mandato el fenómeno social vino de menos a más, pues la entonces alcaldesa, Blanca Alcalá, ordenó, a seis meses de tomar las riendas de la ciudad, desplegar un operativo con decenas de granaderos en el primer cuadro de la ciudad con el propósito de evitar la instalación de más de dos mil puestos.
En agosto de 2009, con una inversión de 20.5 millones de pesos, fueron inaugurados los mercados El Ferrocarril y La Merced con capacidad para albergar a 425 personas, mientras que otros 365 ambulantes emigraron temporalmente a cinco tianguis de la entidad y a dos mercados: el 5 de Mayo y La Acocota.
Sin embargo, un año después el Centro Histórico nuevamente empezaba a ser invadido por la falta de clientes a los inmuebles construidos, sin tener los comerciantes recursos, además, para pagar las mensualidades de la adquisición de cada local.
En la gestión 2011-2014, correspondiente al panista Eduardo Rivera Pérez, se buscó, sin éxito, dar seguimiento a detonar los mercados El Ferrocarril y La Merced mediante su municipalización, por lo que impulsó con fuerza una idea del pasado: los tianguis o mercados rodantes en la periferia de la ciudad.
Por otro lado, como un proyecto sin ejecutar quedó el planteamiento de acondicionar casonas del Centro Histórico como puntos de venta. Por tanto, se optó por realizar operativos de control que generaron manifestaciones contra la autoridad, pero sin erradicar el problema. Con el gobierno recientemente concluido, iniciado primeramente con José Antonio Gali Fayad pero a partir de febrero de 2016 a cargo de Luis Banck Serrato, el comercio informal ganó terreno pese a las tácticas puestas en marcha.
No se le dio continuidad al programa de tianguis o mercados rodantes durante el primer año de gobierno en 2014, pero dos años después hubo operativos con apoyo de la Policía Municipal.
En julio de 2016 un operativo conjunto con el gobierno estatal para decomisar mercancía ilegal dio paso a una gresca, donde hubo detonación de balas con saldo de 20 heridos entre policías y vendedores, de los cuales siete fueron por impacto de arma de fuego.
Cuatro meses después alrededor de 800 policías municipales, del estado y de la federación, así como agentes ministeriales, se desplegaron la madrugada del 22 de noviembre, tras terminar El Buen Fin, e impidieron la instalación de más de mil 200 puestos ambulantes en puestos estratégicos en calles como la 8 y 10 Poniente, 3 y 5 Norte, así como la 5 de Mayo, 8 y 10 Oriente.
Sin embargo, para inicios de 2017 nuevamente regresaron a la vía pública, por lo que la autoridad implementó un programa denominado “Corredor Comercial Temporal”, dando permiso oficial de instalar hasta 909 puestos durante el día en las calles de la 12 Oriente-Poniente entre 2 y 7 Norte, así como en las calles 3 y 5 Norte entre 12 y 14 Poniente.
Prácticamente fue un fracaso desde su origen, por lo que la presencia de este sector no solamente continúo sino que aumentó.
Aunque el último informe del departamento de Vía Pública reveló la presencia de mil 23 vendedores, el comercio establecido considera que la cifra supera los dos mil.
ESTRATEGIAS EN CADA ADMINISTRACIÓN
SIN SOLUCIONES
De tal forma que desde hace tres décadas pasan gobiernos municipales sin que sean exitosas las estrategias implementadas, tales como la creación de mercados, tianguis u operativos de reordenamiento con apoyo policial.
La invasión de la vía pública sigue en el cuadrante, aunque con avances como la desconcentración de puestos en la plancha del Zócalo, pero aún con la presencia vendedores de burbujas, juegos infantiles y globeros.
Conforme al análisis de lo realizado en las últimas 11 administraciones, el primer golpe de autoridad con mejores resultados se ejecutó durante el mandato priista de Jorge Murad Macluf al mandar al comercio informal a la periferia y colonias aledañas al Centro Histórico.
En ese trienio (1984-1987) se consiguió que alrededor de seis mil informales, principalmente adheridos a la UPVA 28 de Octubre, dejaran de seguir ocupando alrededor de 60 calles, entre estas las que rodeaban el entonces Mercado La Victoria.
La reubicación se dio mediante un operativo policial la madrugada del 30 de julio de 1986 a efecto de impedir la instalación de puestos y concretar, mediante convenio, la llegada de los vendedores a los seis mercados de apoyo y zonas de tianguis, entre lo que destacaba el llamado “Miguel Hidalgo”.
No obstante, las acciones no tuvieron el impacto definitivo pues los ambulantes argumentaron falta de clientela, para así volver a la vía pública de manera paulatina, por lo que las posteriores ayuntamientos impulsaron diversas estrategias, sin que hasta el momento hayan logrado una solución permanente.