El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) expresó su preocupación por el desalojo forzoso de sus viviendas a familias indígenas del municipio de Pantepec e hizo un llamado al gobierno federal, así como estatal a resolver las afectaciones de las familias en concordancia con estándares internacionales de derechos humanos.
Un grupo indígena perteneciente al municipio de Pantepec llegó a la ciudad de Puebla desde el pasado 5 de junio para solicitar apoyo de las autoridades estatales debido a que denunciaron desplazamiento forzado, despojo de sus tierras, represión y hostigamiento por parte de gente cercana a Ardelio Vargas Fosado, el exsecretario de seguridad estatal. Incluso, dieron a conocer que temían por su vida.
Ante este panorama y a través de un comunicado de prensa, el Instituto que está adherido a la Universidad Iberoamericana campus, Puebla, externó su preocupación y pidieron a las autoridades de todos los niveles resolver las afectaciones de los involucrados. “El Instituto expresa su preocupación por las familias indígenas totonakús, otomíes y tepehuas, quienes denunciaron públicamente un desalojo forzoso de los predios que habitaban”, se pudo leer.
En el documento, hicieron un llamado al Gobierno de Puebla y al Gobierno Federal, para que atiendas a los afectados y que puedan resolver por la vía del dialogo sus problemas, siempre y cuando se tomen en cuenta los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Puntualmente piden que se revise a las familias desalojadas, la asistencia humanitaria, y que les garanticen el derecho a la vivienda y a un nivel de vida adecuado.
“Los desalojos forzosos pueden llegar a causar graves violaciones a los derechos humanos por la multiplicidad de afectaciones ocasionadas, por lo que señalamos la pertinencia de proveer os medios de protección frente a estos actos, evitar el uso excesivo de la fuerza y garantizar la no repetición de los hechos”, expusieron.
El Sol de Puebla dio a conocer que fue la noche del 5 de junio cuando los campesinos instalaron un campamento/plantón en la plancha del zócalo de Puebla para dirigirse a primera hora a Casa Aguayo, sede del Gobierno de Puebla, y ahí denunciar desplazamiento forzado, así como despojo de 100 hectáreas en el Martes Ciudadano encabezado por el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Sin embargo, no los atendieron. Como pasaron las horas y al ver la negativa para recibirlos, los pobladores decidieron cerrar el bulevar 5 de Mayo a la altura de la 14 Oriente. Desde las 10:40 horas hasta las 11:19 horas de la mañana estuvo cerrado el bulevar.
Después de ver la omisión de las autoridades, los manifestantes decidieron acudir a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) a emitir su queja y en este organismo autónomo sí los recibieron. Ante esta situación, Céspedes Peregrina, opinó que la única autoridad que puede dar solución al conflicto es la judicial.
