Ante los recientes traslados de más de 100 personas privadas de la libertad en el Cereso de San Miguel, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), hizo un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública y a las autoridades que participaron, para que se respeten, garanticen y protejan los derechos de los reos. De igual modo, exhortó a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) a ejercer su obligación de protección, ya que los reclusos deberían estar cerca de sus familiares y defensores legales.
A través de un comunicado de prensa, el Instituto que pertenece a la Universidad Iberoamericana campus Puebla, indicó que el Estado tiene la obligación de informar continuamente a la familia de los reos de estos traslados y al juzgado correspondiente. También, las autoridades tienen el deber de justificar la movilidad, así como garantizar condiciones que no les ocasionen sufrimientos físicos o mentales.
Por otro lado, señalaron que se debe de cumplir con la obligación de tomar n cuenta la necesidad de las personas de estar en lugares próximos o cercanos a sus familias, comunidades, al defensor legal o al tribunal de justicia u otro órgano que conozca su caso, este punto, está dentro de los “Principios y buenas prácticas sobre la protección de las PPL en las Américas”.
“Hacemos un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, a la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, a la Dirección General de Centros de Reinserción y a aquellas autoridades intervinientes en los traslados, a evitar la vulneración a derechos humanos en contra de personas privadas de la libertad. Asimismo, exhortamos a la CDH a ejercer su obligación de protección y supervisión en la materia”, se concluyó.
Fue este 16 de noviembre, cuando el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) , Daniel Iván Cruz Luna, negó que las 138 personas privadas de su libertad que fueron trasladadas de Puebla a penales federales de otros estados sean considerados de alta peligrosidad. Justificó que su desplazamiento se motivó en el interés de evitar hacinamiento en el penal de San Miguel.
Agregó que dicha determinación se tomó desde el gobierno federal. También hizo hincapié en que los 138 reclusos que fueron enviados a otras entidades del país cuentan con sentencias firmes, pero evitó ahondar en los detalles del tipo de delitos que cometieron. Esto en razón de que ese fue uno de los requisitos impuestos por la Federación para liberar espacio en el penal poblano.
