La falta de capacitación y el argumento del “no se puede” son las constante a las que se enfrentan mujeres víctimas de violencia digital por parte servidores públicos, pues el desconocimiento de “nuevos delitos” y formas de obtener pruebas para estos casos, provocan que las féminas se conviertan en una cifra más de casos de violencia sin justicia.
Es principalmente en Ministerios Públicos al interior del estado, donde se niegan a recibir las denuncias por el probable desconocimiento de la existencia de delitos sexuales-digitales y/o de operación de plataformas digitales, esto bajo el argumento del “no se puede”, vulnerando los derechos de este sector de la población, de acuerdo con Samantha Páez Guzmán del Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem).
La tipificación de la conducta que reconoce la violencia digital y sanciona los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales está establecida en el Artículo 225 del Código Penal del estado de Puebla, publicada en diciembre de 2018. Según los datos obtenidos de la georreferencia de la violencia de género de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, de 2019 a mayo del 2021 se registraron 404 víctimas.
Una de ellas es Paola, quien siempre tuvo su cuenta de Instagram pública, sin embargo, en junio del 2019 comenzó a recibir mensajes de personas desconocidas, en donde le enviaban imágenes de hombres desnudos, al ignorarlos comenzó a recibir amenazas.
“Me empezaron a llegar mensajes de grupos a los que no conoces a nadie, el punto fue que cuando los bloqueé, un tipo me mando mensaje privado, no los había visto, hasta que me percaté que eran como 50, abrí el chat y vi que me mandó imágenes super grotescas, después me empezó a amenazar que ya sabía dónde vivía y que supuestamente tenía fotos mías íntimas, fue ahí cuando no me gustó porque empezó a decir que me iba a encontrar y que me iba a violar”, relató.
Acudió al Ministerio Público para hacer la denuncia correspondiente, pero calificó como “tormentoso” el acudir a las instancias a denunciar la agresión.
“Me enfrenté a un proceso un poco caótico, tormentoso durante tres días, quizá más (…) siento que me revictimizaron, criticaron mis fotografías, si mi cuenta era pública o no, todo, literalmente todo, no saben cómo llevar el proceso”. A más de un año, su carpeta de investigación no ha sido judicializada, es decir no hay detenidos.
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CIUDAD SERDÁN Y SAN PEDRO CHOLULA, MUNICIPIOS QUE APLICAN “NO SE PUEDE”
La coordinadora del Ovigem subrayó que MP localizados en municipios como Atlixco, Tehuacán, Ciudad Serdán y San Pedro Cholula, no toman la denuncia durante la primera visita de la víctima, sino que es después de la segunda o tercer acercamiento cuando abren la carpeta, aunque con frecuencia las víctimas optan por acudir a las instancias de la capital.
“Las mujeres llegan y quieren denunciar, pero en ocasiones los ministeriales le dicen que no pueden y las corren; cuando acuden a nosotras les damos los argumentos y explicamos lo que tiene que hacer, cuando vuelven a ir y no se las toman, les decimos que mejor se trasladen aquí a la capital, y lo hagan a través del mecanismo que nosotras tenemos”.
Al mismo tiempo, consideró que además falta instruirles cómo obtener las pruebas para estos casos, dado que no es lo mismo cuando son lesiones o violencia familiar, cuando un médico legista puede acreditar la acusación. “En violencia digital también se pueden obtener pruebas, pero no en la forma en que están acostumbrados”, sostuvo.
De acuerdo con datos de la FGE, el municipio de Puebla es la zona en la que acude el mayor número de víctimas a denunciar, registrando 299 víctimas, mientras que San Pedro Cholula y Ciudad Serdán son las zonas en donde menos acuden a abrir una carpeta de investigación con seis y tres agraviadas, respectivamente, en el periodo de enero 2019 a mayo 2021. Lo que deja en evidencia lo referido por Páez Guzmán.
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Mientras que de junio 2019 (año en que el Observatorio empezó a apoyar a víctimas de ciberacoso) a junio del 2021 recibieron 48 solicitudes de orientación para este tema, en 2019 fueron nueve solicitudes, en el año pandémico fueron 18 y tan solo en seis meses llevan 21 casos, tres casos más que lo registrado en todo el año pasado.
“Cualquier persona que se diga víctima de estos delitos, al momento de decir su testimonio se debería abrir la carpeta de investigación, y ya después con el apoyo de un asesor jurídico del estado o particular poder integrar las evidencias para avanzar en la carpeta, sin embargo, es constante que no se las quieren tomar”, expuso Páez Guzmán.
DESPUÉS DE LA LEY OLIMPIA, PUDE CONTAR MI HISTORIA: VÍCTIMA
Un caso más fue el de Issis, quien sufrió violencia digital en 2009, sin embargo, nueve años después, con la reforma aprobada y en un acercamiento con Olimpia Coral pudo contar su historia y dejó de sentir vergüenza por la difusión de su contenido sexual.
“Ese momento, cuando estábamos festejando la aprobación, Oli se acercó a mí y me dijo que por primera vez yo podría contar mi historia, eso fue muy real, hasta ese momento nadie más que ella lo sabía, porque no dejaba de darme vergüenza”.
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Aunque aún no hay nada certero, consideró que fue el desacuerdo con su entonces pareja, lo que desató su enojo y con ello la difusión de sus fotografías íntimas sin su consentimiento.
“Un día antes de que sucedieran las cosas yo había discutido con mi pareja, al día siguiente, uno de mis mejores amigos me escribió muy temprano para preguntarme si tenía algún problema con mi correo de Hotmail, le dije que no lo había utilizado, preocupado me dijo que había llegado un correo que le alarmó mucho, yo traté de entrar pero no podía y lo que hizo fue mandarme el correo que le había llegado, ahí me di cuenta que habían enviado varias fotografías mías íntimas a contactos de la universidad donde yo estaba estudiando, la neta es que me asusté en el momento”, contó.
“Esas fotos yo se las mandé a mi pareja, yo no sabía si él era quien había hackeado mi cuenta y reenviado las fotos o qué había pasado (...) al final mi amigo me ayudó a recuperar mi cuenta, lo único que hice fue avisar a las personas que ese correo no lo había mandado yo, pero me daba mucha pena, porque era evidente que era yo, se veía mi cara”.
Aunque ella no pudo denunciar a su agresor, desde su perspectiva apoyó lo señalado por Paola y Samantha, que las autoridades no están preparadas para atender este tipo de denuncias. “Es capacitación y concientización en los Ministerios Públicos, porque si no son humanos al tratar un caso de violación, menos lo son para tratar un caso de violencia digital porque consideran que no son un delito”.
Desde el año en que entró en vigor la Ley Olimpia hasta el 2020, se registró un crecimiento del 79 por ciento de violaciones a la intimidad sexual en tan solo un año.
Para finalizar, la vocera del Observatorio opinó que existe una tendencia al alta en los delitos de ciberacoso y a la intimidad sexual, misma que se mantendrá en este 2021, debido a que las actividades permanecen en el espacio virtual, además de que las personas reconocen la violencia digital como delito.
“Este delito va a seguir en aumento, lo que haría falta es difundir las alternativas que tienen las personas que están siendo agredidas, las empresas e instituciones deben de atender estos casos, actuando con métodos alternativos, es importante que exista un mayor énfasis en la información que tiene la ciudadanía para evitar que se reproduzca de forma exponencial”.
Si eres víctima del delito de violación a la intimidad sexual, puedes dirigirte al Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSJ) en la línea 222 3099 099, donde podrán darte acompañamiento para iniciar tu denuncia en el Ministerio Público (MP).