Incrementar los recursos para atender y prevenir la violencia contra las mujeres no soluciona el problema de los feminicidios, es necesario que se fortalezca el sistema de impartición y procuración de justicia para que no haya impunidad y existan castigos ejemplares, señaló la subsecretaria de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género, Edurne Ochoa.
Aseguró que, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano de las Mujeres, sólo el 1.5 por ciento de los feminicidios son sancionados y el resto quedan en la impunidad, esto conlleva a que se incremente la incidencia porque no hay castigo, en ese sentido, disminuye el impacto de las políticas que se puedan aplicar desde las dependencias que atienden a las mujeres.
“Me parece que cuando no hay justicia, cuando no hay algún tipo de resarcimiento, de pena en lo que está sucediendo en temas de violencia, el mensaje es que en este país y en este estado se puede matar a las mujeres o violentarlas porque no hay sanción y mientras no demos castigos ejemplares vamos a seguir con estas cifras (…) De nada sirve que se invierta en programas, en capacitación, en transversalización, en sensibilización, si no logramos la acción última que finalmente es la impartición de justicia”, sentenció.
El Sol de Puebla documentó que el Instituto Poblano de la Mujer casi triplicó su presupuesto en cumplimiento de las primeras recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), al pasar de 12 millones 628 mil pesos en 2015 a 35 millones 260 mil pesos en este año. Sin embargo, el aumento de recursos no garantizó el cumplimiento del objetivo, pues los feminicidios se quintuplicaron al pasar de seis en 2015 en 2015 a 32 en 2018.
La funcionaria estatal explicó que el proyecto del gobierno que encabeza Luis Miguel Barbosa Huerta es lograr que todas las dependencias trabajen con perspectiva de género y posteriormente fortalecer las áreas encargadas de seguridad, procuración e impartición de justicia para que este tipo de delitos no queden impunes.
Informó que una de las acciones que se realizan en Puebla es una “mesa de feminicidios” para que organizaciones de la sociedad civil vigilen que las carpetas de investigación se atiendan con perspectiva de género por parte de los ministerios públicos.
“Esta mesa de feminicidios es única a nivel nacional y justamente vienen autoridades nacionales a ver este modelo para que se pueda replicar en otros estados. Esto tiene que ver con la participación de las organizaciones de la sociedad civil que nos ayuden a garantizar que los acuerdos, que las carpetas de violencia sean atendidas de manera correcta”, expuso.
Aunque reconoció que el aumento de recursos por sí solo no garantiza la erradicación de los feminicidios, señaló que es necesario seguir fortaleciendo a estas instituciones para conseguir el objetivo y reducir la violencia contra las mujeres.
