Incertidumbre en tutela de derechos a la información por desaparición del INAI

Hasta la actualidad ningún funcionario del INAI ha sido procesado por presuntas irregularidades

Daniel Cruz Cortés / El Sol de Puebla

  · martes 26 de noviembre de 2024

Ibarra Cadena consideró que las legislaturas locales tienen la oportunidad. Foto: Daniel Casas / El Sol de Puebla

La incertidumbre sobre la tutela de los derechos a la información y protección de datos personales puede vulnerar estas garantías en la población. Esto consideraron, a días de que se extinga el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), los comisionados del organismo, Adrián Alcalá Méndez –presidente– y Blanca Lilia Ibarra Cadena.

En su visita a Puebla, esto como parte del Seminario de Justicia Constitucional y Parlamento Abierto 2024, en el que participaron representantes de órganos autónomos y autoridades estatales, los comisionados del INAI manifestaron su preocupación sobre la reforma constitucional que avanza para eliminar dicho organismo y otras seis instituciones similares.

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Ibarra Cadena enfatizó que desdibujar los esfuerzos y luchas emprendidas por el INAI en la defensa de los derechos civiles sería una regresión democrática.

“Lo que sería una regresión es que esos dos derechos que hoy tutela un organismo autónomo, como lo es el INAI, se queden borrados del mapa. En ese sentido, ustedes han sido testigos de lo que significa que pueda haber un periodismo de investigación basado en documentales e información. La gente ha recibido información útil para su vida, porque hay una autoridad imparcial, autónoma, independiente y técnicamente probada”, puntualizó la comisionada.

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Puebla (Itaipue) desaparecerá en los próximos meses. Foto: Archivo / El Sol de Puebla

Por su parte, Alcalá Méndez consideró que la falta de certidumbre sobre qué autoridad u organismo tendrá bajo su cuidado la tutela de los derechos a la información y protección de datos personales es preocupante.

Afirmó que, si bien ambas garantías se encuentran protegidas por las leyes mexicanas, en un ámbito democrático es importante que exista un órgano que se desempeñe como árbitro y mediador, tal como lo ha hecho el INAI desde su creación.

“Lo que está en juego es el modelo de garantía, porque los derechos persisten en el artículo sexto de nuestra Carta Magna. Estos se mantienen intocados. Lo que está en juego es la garantía y nosotros hemos insistido en la necesidad de contar con autoridades autónomas e independientes, ajenas, para que puedan resolver con autonomía sobre estos derechos”, apuntó.

En ese sentido, el comisionado presidente del INAI destacó que el Senado de la República, que decidirá formalmente el destino que tendrá este organismo y su funciones tras su extinción, tiene la oportunidad de reflexionar sobre su decisión. Lo anterior con la finalidad de ajustar el dictamen de la Cámara de Diputados para que se garantice la tutela de dichos derechos.

El gobierno de Claudia Sheinbaum disminuirá en más de dos tercios el presupuesto asignado a los servicios de salud pública de nivel estatal en Puebla. Foto: Archivo / El Sol de Puebla

“Consideramos que hay oportunidad, hay momentos para reflexionar. Nosotros hemos llamado a esta pausa legislativa para construir juntos el mejor modelo que sea para México: un modelo donde se respete la autonomía e independencia”, señaló Alcalá Méndez.

Sobre el tema, Ibarra Cadena consideró que las legislaturas locales tienen la oportunidad de hacer lo mismo con los órganos garantes estatales, como es el caso del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Puebla (Itaipue).

“Estamos en espera de que el proceso legislativo continúe. En Cámara de Diputados fue aprobado el decreto (...) luego continuará en los 32 estados y, de esta manera, esperamos que antes de ese proceso podamos mantener comunicación directa con los senadores para que puedan reconsiderar el decreto”, señaló la comisionada.

Análogamente, Alcalá Méndez fue cuestionado sobre los señalamientos que ha vertido en contra del INAI la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien afirmó que funcionarios del organismo usaron de manera indebida recursos públicos.

Al ser uno de los procesos electorales más relevantes en la historia de México, el INAI realizó distintas recomendaciones para la protección de datos personales. Foto: Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro.com

Así, el comisionado presidente remarcó que el organismo “no es una concesión, sino una lucha social” que ha velado por la salvaguarda de los derechos a la información y protección de datos personales en México.

Frente a ese contexto, Alcalá Méndez enfatizó que hasta el momento las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al INAI, en las que fueron señalados varios faltantes económicos en las arcas del organismo, no han sido definitivas.

“Hasta este momento no hay una sola denuncia por caso de corrupción en contra de un servidor público (...) Hay un proceso de investigación, normal, con la ASF. Estamos precisamente en etapa de solventación y lo habremos de solventar (...) Tenemos la tranquilidad de que no existe un desvío”, expuso.

Señaló que hasta la actualidad ningún funcionario del INAI ha sido procesado por presuntas irregularidades.

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“Si hay acusaciones contra servidores públicos del pasado, sea del ramo que sea, que se siga la investigación. Y si existe responsabilidad contra alguno de los que estamos actualmente como servidores públicos que sigan las investigaciones sin cubrir a nadie (...) Se ha dicho mucho, hay mucha desinformación”, remarcó Alcalá Méndez.

Finalmente, cabe recordar que el decreto para desaparecer siete órganos autónomos, entre ellos el INAI, fue aprobado el pasado 20 de noviembre en la Cámara de Diputados. Ahora, el Senado de la República revisará el dictamen y propondrá modificaciones, para que el Poder Ejecutivo formalice el trámite en una publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF). Las entidades federativas tendrán hasta 90 días para armonizar la reforma en sus leyes locales.