La página “Transparencia Covid-19” que habilitó la administración de Miguel Barbosa para dar seguimiento a las políticas públicas de la pandemia “no satisface cabalmente el derecho de acceso a la información pública y el principio de máxima publicidad”, acusaron los representantes del Capítulo Puebla de la Amedi, el Nodo de Transparencia y diversas organizaciones de la sociedad civil.
En un pronunciamiento público los órganos especialistas refirieron que la información presentada es sólo un “ejercicio limitado” de la transparencia y no cumple con los criterios mínimos para garantizar que se cumpla este derecho.
Los analistas hicieron una revisión a los documentos presentados en la plataforma gubernamental de la administración morenista y en la que encontraron diversas fallas, por esa razón urgieron a el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIP) a que reanude plazos para que se proporcione información de instituciones esenciales por Covid-19.
“Consideramos urgente que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIP), en su calidad de órgano garante del derecho humano de acceso a la información a nivel local, revoque la suspensión general en la atención de las solicitudes de acceso a la información y reactive los plazos en aquellas dependencias y entidades, tanto a nivel estatal como municipal, con actividades esenciales dentro de la contingencia por el Covid-19, como a nivel federal lo hizo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)”, refieren.
Las organizaciones firmantes, reiteraron que de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en caso de generar información de manera proactiva, se debe de dar “en formatos abiertos y de manera accesible a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, de forma desagregada sobre los impactos de la pandemia y los gastos de emergencia, desagregados de acuerdo con las mejores prácticas internacionales”.
TRANSPARENCIA ¿SIN TRANSPARENCIA?
Datos generales, opacidad en contratos y el desglose del gasto público, son algunas de las anomalías que detectaron las organizaciones.
A continuación, el análisis detallado por cada rubro:
Medidas Covid-19: la información se presenta de manera general enlistando únicamente las acciones y, en algunos casos, remitiendo a notas informativas u otros sitios web, sin presentar información estadística sobre número de beneficiarios, presupuesto destinado, número desagregado de acciones o resultados obtenidos, la cual permita hacer una evaluación o monitoreo de las acciones llevadas a cabo.
Presupuesto: la información se encuentra de manera amplia y general, lo que impide hacer una evaluación o monitoreo de las compras realizadas para observar buenas prácticas en las mismas.
En ese sentido, para garantizar una transparencia amplia, es necesario que se publiquen de manera desagregada los tipos y cantidades de productos adquiridos, especificando el precio unitario, la empresa proveedora, la fecha de compra y el tipo de proceso de adjudicación.
Con relación a los contratos, si bien el Gobierno del Estado ha señalado que estos tienen “reserva obligatoria”, cabe señalar que estos documentos deben ser públicos en atención a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. En caso de reserva, el Gobierno del Estado debe fundamentarla aplicando la prueba de daño, misma que deberá estar a disposición de los ciudadanos y, en su caso, publicar una versión pública de los contratos para garantizar la transparencia de los mismos.
Asimismo, los archivos marcados como CSV no podrían considerarse “datos abiertos” toda vez que son una copia de la información contenida en los documentos PDF y no cumplen con las características establecidas dentro de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.
Donaciones: la información se encuentra de manera amplia y general, lo que impide hacer un monitoreo del uso o destino de las mismas. En ese sentido, es importante que el Gobierno del Estado proporcione, a través de conceptos generales, el tipo de donante (empresa o ciudadano), así como el destino interno de las mismas.
Actualización de Datos Covid-19: Se redirige al portal donde se publican, de manera diaria, los datos sobre el número de casos en el estado. Este portal también presenta algunos problemas, pues los datos son actualizados totalmente todos los días, lo que imposibilita hacer un seguimiento concreto del avance del Covid-19 en el estado, en particular a nivel municipal. En este caso, es necesaria una base de datos abiertos, como la que publica todos los días la federación, para poder tener un seguimiento claro de los casos confirmados, los casos activos, los fallecimientos y sus causas, así como los municipios afectados por esta pandemia. Otro aspecto a señalar es que los datos sólo se actualizan de lunes a viernes, faltando los datos desagregados del fin de semana.
Las organizaciones firmantes son: Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Capítulo Puebla, el Nodo de Transparencia, la Alianza para Combatir el Rezago Económico y Patrimonial en Hogares Vulnerables, el Capítulo Puebla Barra Mexicana de Abogados A.C, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Fundación Madai, Gobierno Fácil, Integradora de Participación Ciudadana A.C., Lado B, Movimiento Ciudadano de Apoyo Mutuo, Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, el Observatorio de Transparencia “Con los Ojos Abiertos”, Opción Ciudadana, Red Social Contraloría Ciudadana Puebla A.C, Serendipia, Unión de Asociaciones Civiles del Estado de Puebla, además de Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad.
