Las poco más de dos mil 600 víctimas de desaparición forzada que se tienen registradas en Puebla hasta este año se han reducido a cifras, pues la sociedad se olvidó de sus nombres y de la urgencia por encontrarlas. Incluso existen expedientes a cargo de la Fiscalía General del Estado que, tras varios años de insistencia por parte de los familiares, no reportan ningún avance, coinciden representantes de organizaciones civiles de búsqueda en Puebla.
“Algún día este problema nos puede alcanzar a todos”, expresa Guadalupe Pérez Rodríguez, hijo del activista desaparecido Tomás Pérez Francisco. A su decir, a 32 años de la desaparición de su padre, observa que el fenómeno de la desaparición forzada se normalizó entre la sociedad, ya que se nombra a las víctimas por su número de expediente, pero no desde el recuerdo de la persona viva.
La indiferencia hacia este problema provocará que cada vez menos personas sean encontradas y más familias pierdan la tranquilidad por averiguar qué paso con los suyos. Al hablar de desaparición no se recuerda la vida de los afectados, sino con argumentos de revictimización, culpándolos por dicho acto, acusa Gilberto Barrón Cabrera, representante del Colectivo con Amor y Esperanza Hasta Encontrarles, presente en el foro Voces y Resistencia Frente al Olvido, realizado este lunes en la Universidad Iberoamericana Puebla.
“Que la desaparición forzada no se vuelva una plática común que deje de impactarnos (…) por iniciar nuestros propios mecanismos de búsqueda ante la pasividad de las instituciones que tienen la obligación de hacerlo, hemos sido perseguidos, difamados, estigmatizados, hemos recibido todo tipo de amenazas solo por exigir la presencia con vida de los nuestros”, agrega Omar Esparza Zárate, representante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, en el mismo encuentro.
“Necesitamos nuevos mecanismos”
Tomás Pérez era defensor de la tierra en Pantepec y desapareció hace 32 años, el 1 de mayo de 1990. Sus expedientes de búsqueda han sido obsoletos, pues su hijo denuncia que en varias ocasiones han sido robados o desaparecidos.
“Para los poderosos, a quienes les estorbaba mi padre, es más fácil desaparecerlos a reparar su error con la naturaleza; es una salida rápida para ellos y por eso las víctimas no terminan ni lo harán”, lamenta.
Hasta hace apenas dos meses, la Fiscalía General del Estado (FGE) retomó las labores de búsqueda de su padre y, tras al menos 12 años de insistencia, apenas en este mes fue contactado por un investigador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para informarle que darían seguimiento al caso.
“Nuestras exigencias son y seguirán siendo las mismas, pero los mecanismos no deben por qué serlos. No es lo mismo buscar a alguien que desapareció hace un mes a quien lleva años, no se trata solo de cumplir con la formalidad, las acciones tienen que ser diferentes (…) Mi papá no es una cifra, le gustaba nadar, era bajito y le gustaba jugar basquetbol, era quien organizaba los carnavales en las comunidades”, insiste.
“Ya están cansados de nosotros”
“Ya están cansados de nosotros, pero seguiremos llevándole la contraria al gobierno, seguiremos diciéndole al presidente Andrés Manuel que el Estado le debe todo a las víctimas”, expresa María Luisa Núñez, quien fundó el Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla tras la desaparición de su hijo Juan de Dios hace seis años.
Las madres buscadoras que forman parte de esta organización perdieron el miedo, pero jamás la dignidad, afirma. Les arrebataron su vida, pero no las ganas de seguir buscando, pese a las barreras a las que se enfrentan durante esta lucha.
En el estado y a nivel nacional es inservible el Banco Nacional de Datos Forenses, una plataforma que fungiría como base de información para la identificación de personas desaparecidas, pese a la urgencia de este conflicto. Tampoco es viable el Sistema Nacional de Búsqueda y mucho menos la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP) de Puebla, expone.
“Vemos con impotencia que no estamos avanzando, no se está investigando, no están buscando a las víctimas, ni siquiera están combatiendo el problema de raíz. Tenemos registro de mujeres desaparecidas relacionadas con grupos de trata de personas, y ¿qué ha hecho el Estado? Nada”, lamenta.
“Necesitamos acompañamiento”
No basta con los esfuerzos de los familiares y la sociedad civil para encontrar a los desaparecidos en el estado, urge una adecuada intervención de las autoridades locales y de las instituciones que están obligadas a garantizar la celeridad de estas investigaciones, pero no solo eso, es preocupante que no exista una mirada empática para las familias que sacrifican su propio bienestar por seguir su búsqueda, condena Gilberto Barrón.
Ante la próxima designación de una nueva persona titular de la CBP en Puebla, sugiere, es necesario que dicho nombramiento no esté basado en intereses políticos o la elección dependa de algún lazo de amistad o compadrazgo, pues de ser así, está perdida la esperanza que aún depositan las víctimas indirectas en el Estado.
“De nada sirve que tengamos como comisionada a una persona con los más altos estudios si no va a poder caminar al lado de nosotros, si no va a poder ensuciarse los zapatos, mancharse el pantalón o limpiarse el sudor”, subraya.
La desaparición forzada no es un problema aislado, hay un panorama desolador, afirma. Para combatir este fenómeno es necesario dejar a un lado la indiferencia y nombrar a un defensor que no busque un interés de por medio, sino la tranquilidad de las familias. “Hasta encontrarles, vivos o muertos”, concluye.
El foro realizado en la Ibero Puebla tuvo como propósito insistir en visibilizar el problema en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Desaparecidas.
