Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sólo 38 por ciento de las grandes empresas de la industria agropecuaria en Puebla cumple con las leyes de cuidado ambiental, y apenas dos por ciento tuvo apoyo para proteger la flora, fauna y fuentes de agua, siendo una de las 15 entidades federativas donde se dieron menos estímulos para ello en todo México.
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Mediante la difusión de resultados del Censo Agropecuario, que se basó en el levantamiento de información entre octubre de 2021 a septiembre de 2022, el organismo autónomo federal reveló que la mayoría de compañías con el valor de producción más alto del estado no acató la normatividad nacional en materia ecológica.
La falta de claridad y las lagunas legales que rigen a las dependencias reguladoras en México son las principales causas del incumplimiento de la normativa ecológica por parte de la industria agropecuaria en Puebla y el país, lo que deriva en altos costos ambientales, consideró Francisco Javier Sánchez Ruiz, investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
De acuerdo con datos abiertos del Inegi, en Puebla se tiene un registro de 457 mil 612 unidades de producción agropecuaria, es decir, que combinan agricultura y ganadería en sus procesos económicos. De ellas, un total de 731 entró en la categoría de “grandes productores”, debido a que “han reportado los valores de producción más altos en el país”.
Al interior de dicha categoría, el Censo Agropecuario evidenció que prevalece una segregación significativa de las empresas que optaron por incumplir los lineamientos ambientales que establece el Estado mexicano para su operación en la entidad federativa, toda vez que 344 organizaciones afirmaron operar sin haber manifestado efectuado las leyes ecológicas.
Por si esto fuera poco, el Inegi reveló que existe un desconocimiento considerable de los titulares de las compañías agropecuarias sobre el tipo de permisos que requieren tramitar para desarrollar su producción de forma ordenada y regulada. En ese sentido, se reveló que 106 organizaciones no conocían si tenían o no las autorizaciones ecológicas para funcionar.
Aunado a lo anterior, el organismo dio a conocer que los apoyos económicos para la protección de bosques, así como la flora, fauna y fuentes de abastecimiento hídrico, fueron escasos entre los grandes productores de esta industria en Puebla.
De las 731 compañías que fueron consideradas como las principales productoras agropecuarias en la entidad, sólo 15 obtuvieron estímulos para resarcir el daño ecológico de sus actividades. En otras palabras, aproximadamente 1 de cada 49 compañías fue apoyada en ese sentido.
A nivel nacional, los estados que agrupan las empresas más incumplidas fueron Chihuahua, Sonora, Veracruz, Jalisco, Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Michoacán de Ocampo y Chiapas. Mientras que donde se dieron los menores apoyos fue en Ciudad de México, Tlaxcala, Quintana Roo, Baja California Sur, Morelos, Oaxaca, Nuevo León, Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes, Colima, Baja California y Puebla.
Lagunas legales
Según Sánchez Ruiz, el gobierno federal padece un “desorden administrativo” que obstaculiza el cumplimiento de las leyes en materia ecológica. Lo anterior debido a que varios reglamentos no son claros o específicos sobre la autoridad a cargo de gestionar los recursos naturales, así como la encargada de sancionar el deterioro y explotación furtiva de los mismos.
En Puebla y México la mayoría de permisos otorgados para la industria agropecuaria son emitidos por las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y Economía. No obstante, dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) muchas veces desconocen las consecuencias ecológicas derivadas de dichas actividades.
De acuerdo con Sánchez Ruiz, las grandes empresas de la industria agropecuaria son consideradas de gran relevancia a nivel económico, sin embargo, en materia ambiental son poco vigiladas.
Este tipo de industria tiene un impacto muy nocivo en las cuestiones medioambientales, uno, porque se utilizan muchos químicos en la actualidad para poder darle procesamiento y dar mantenimiento y un tiempo de vida más largo a los alimentos expuso.
El académico explicó que dicha disparidad se centra en el hecho de que la producción de dichas compañías es de suma importancia para la economía nacional, por lo que a nivel institucional se prioriza la generación de alimentos, más allá de los efectos ecológicos.
Pese a ello, el académico de la UPAEP, quien se ha especializado en la investigación de productos científicos enfocados en ciencia ambiental, reveló que entre 20 y 25 por ciento de las concesiones de aguas subterráneas a nivel nacional corresponden a la industria agropecuaria, evidenciando así la enorme dependencia que existe entre el aprovechamiento de recursos hídricos y el valor productivo de las empresas.
Desde la perspectiva del experto, el monto de agua concesionada a dichas compañías “es alarmante”, especialmente dado que el índice de incumplimiento de la normativa ambiental en la industria es alto, esto de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Tal como informó El Sol de Puebla, según el Inegi sólo 38 por ciento de las grandes empresas de la industria agropecuaria en Puebla cumplió con las leyes de cuidado ambiental entre 2021 y 2022, es decir, 1 de cada 49 compañías. Y apenas dos por ciento tuvo apoyo para proteger la flora, fauna y fuentes de agua, siendo uno de los 15 estados donde se dieron menos estímulos para ello en todo el país.
La falta de atención a las leyes en la materia no sólo demuestran que hay un riesgo bastante alto de malos manejos de las fuentes hídricas, sino también del manejo y disposición de las aguas residuales, por mencionar algunas acciones.
Por otra parte, Sánchez Ruiz apuntó que la industria agropecuaria incurre generalmente en hechos de contaminación del suelo, situación que se agudiza ante la falta de incumplimiento de la normativa ambiental en Puebla y México que expuso el Inegi.
Según el académico, algunas compañías del sector, especialmente las de mayor tamaño, realizan el cambio de uso de suelo para sembrar productos que no son necesariamente nativos de la zona. Por si esto fuera poco, en varios casos se focalizan los monocultivos, es decir, no se diversifica la producción de especies, lo que tiene varios efectos ambientales negativos.
Detalló que la escasa diversificación de cultivos agudiza la erosión del suelo, debido a que ello obliga a las sustancias contaminantes a retenerse en la tierra. Esto, en cambio, no ocurriría si las empresas estuviesen obligadas a aprovechar el suelo con otras semillas y productos.
Sánchez Ruiz aseguró que la justificación de las empresas sobre el desconocimiento de la normativa es inverosímil. Remarcó que el gobierno federal está obligado a modificar las leyes ecológicas que rigen a la industria agropecuaria en el país, debido a que las lagunas jurídicas que padecen mantendrán un alto costo ecológico para Puebla y México.
Marco jurídico ambiental en el país
La operación de la industria agropecuaria en México, al igual que otros sectores productivos, requiere la tramitación de diversos permisos y autorizaciones dependiendo de su giro y tipo de aprovechamiento.
Por ejemplo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, señala que se requiere una manifestación de impacto ambiental cuando los proyectos causen desequilibrios ecológicos.
En tanto, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable requiere la tramitación de un permiso de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Para la extracción de recursos hídricos, la Ley de Aguas Nacionales obliga a las empresas a tramitar su concesión de uso de agua y descargas de aguas residuales.
Al mismo tiempo, la Ley Federal de Sanidad Vegetal regula el uso de sustancias químicas en la agricultura, y en ella se obliga a las personas físicas y morales a obtener una autorización para el uso de estos productos.
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Finalmente, el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental habla de la necesidad que existe de obtener diversas autorizaciones para llevar a cabo emisiones a la atmósfera, manejo de residuos y descargas de aguas residuales, entre otras.
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