Puebla figuró en el informe de Derechos Humanos de Estados Unidos de nombre “2022 Country Reports on Human Rights Practices: Mexico”, en el documento, de nueva cuenta señalaron la tortura que cometió el ex gobernador Mario Marín Torres en contra de la periodista Lydia Cacho, pero también se sumó el asesinato de Cecilia Monzón, las denuncias que recibió E-consulta por parte del gobierno y la poca información que las mujeres tienen acerca de salud sexual y reproductiva.
El informe tiene como meta visibilizar las faltas a los derechos humanos que se cometieron alrededor del mundo y hacer un exhorto a sus gobernantes para que tomen cartas en el asunto. La idea, es que todos los países avancen en promover, así como proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los sectores.
El texto se divide por países y en el caso de México, se pudo leer información relacionada con Puebla. El primer punto que se destaca del territorio poblano es el caso del exgobernador Mario Marín y la periodista Lydia Cacho, pues en el informe consideran que hay impunidad, ya que a este hombre se le ha señalado de tortura, las autoridades han permitido que solicite libertad condicional.
“El 20 de julio, el exgobernador de Puebla Mario Marín perdió una moción que solicitaba la libertad condicional mientras esperaba el juicio por la tortura de la periodista Lydia Cacho, quien expuso la participación de Marín y varios líderes empresariales en una red de tráfico sexual de niños en 2005. La impunidad por la tortura prevalecía entre las fuerzas de seguridad. Las ONG dijeron que las autoridades no investigaron adecuadamente las denuncias de tortura. Al 31 de octubre, la Fiscalía General estaba investigando 3 mil 40 investigaciones relacionadas con torturas bajo el sistema legal inquisitivo anterior (iniciadas antes de la transición de 2016 a un sistema acusatorio) y 818 investigaciones bajo el sistema acusatorio. Según la ONG Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de 2006 a 2020, las autoridades federales emitieron tres sentencias por tortura y recibieron 27 denuncias”, se pudo leer.
El segundo punto que abarca en Puebla es el relacionado con el medio local E-Consulta, pues el informe considera que al ser demandados por parte del Gobierno del Estado y al exigirles sumas exorbitantes a los periodistas, se violaron las libertades civiles y hubo restricciones a la prensa.
“Un fallo de la Corte Suprema de 2016 eliminó el tope de las multas por daños morales, dejando a los periodistas vulnerables a multas exorbitantes. En 2019, un tribunal de la Ciudad de México ordenó al académico Sergio Aguayo, columnista del diario Reforma y defensor de los derechos humanos del MNP, pagar una multa de 10 millones de pesos (500.000 dólares) por daños morales al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira. El 17 de febrero, Moreira volvió a demandar a Aguayo por difamación. El 16 de marzo, la Corte Suprema canceló la multa. Según representantes de la sociedad civil, los procesos por calumnias y difamación promediaron tres casos por mes. El gobierno del estado de Puebla demandó siete veces al medio de comunicación E-Consulta por sus reportajes”.
Para concluir con el segmento de Puebla, se abordó el caso de la abogada feminista Cecilia Monzón, el documento ubicó este caso con la etiqueta “Violación y violencia doméstica”, y se criticó que muy pocos de los agresores o feminicidas sean atrapados y peor aún que cuando sean detenidos no tengan su condena rápido.
“El 21 de mayo fue asesinada en Cholula, Puebla, la activista de violencia de género y abogada Cecilia Monzón. En abril Monzón interpuso una demanda alimenticia en la Fiscalía General del Estado contra el exsecretario de Gobernación de Puebla Javier López Zavala, con quien tuvo un hijo. El día antes de su muerte, criticó públicamente a la oficina del fiscal general del estado por no procesar la moción. Las autoridades arrestaron a Zavala y a otros tres presuntos cómplices por femicidio. Al 31 de diciembre, los cuatro estaban en espera de juicio”, fue lo que se pudo leer de Cecilia.
El informe criticó que en Puebla y otros estados hay discriminación y abusos sociales, puntualmente que a las mujeres no se les brinde mayor información acerca de sus derechos sexuales y reproductivos.
“Los factores asociados con las muertes maternas incluyeron padres con niveles de educación más bajos, infraestructura hospitalaria y capacidad humana deficientes, y falta de acceso a la atención materna, especialmente para las mujeres embarazadas que viven en áreas rurales. Los estados del sur reportaron el acceso más bajo a atención médica calificada durante el embarazo debido a barreras geográficas, financieras y culturales. En las zonas rurales en 2019, la causa de la mayoría de las muertes maternas fue la hemorragia obstétrica. El 12 de octubre, la primera Encuesta Nacional de Manejo Menstrual presentó sus resultados en 3,000 personas con menstruación de 12 a 70 años en Aguascalientes, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Tamaulipas. El informe señaló que las principales barreras para la salud menstrual eran el estigma, la falta de saneamiento y el acceso a la información. Encontró que el 69 por ciento de las personas que menstrúan tenían poca o ninguna información cuando tuvieron su primer período y el 15 por ciento carecía de acceso a productos menstruales”.
Por todo lo anterior, el departamento de Estados Unidos solicitó al gobierno de México, replantear la política de seguridad, la cual es encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, pidió que se garantice seguridad para todos los sectores, mujeres, hombres, niños, adultos mayores, discapacitados, minorías y por supuesto el de los medios de comunicación.
