Mientras el número de tomas clandestinas se dispara un 60 porciento en el estado de Puebla, los legisladores federales y localesde diferentes fracciones partidistas no pueden articular unapropuesta concreta para combatir este delito, el cual se traduce enuna ola de violencia generada por la delincuencia organizada enmunicipios del Triángulo Rojo como Tepeaca, Acatzingo, Palmar deBravo, Quecholac, Tecamachalco, entre otros.
Todos coinciden en que corresponde a las autoridades de los tresniveles de gobierno ejercer acciones concretas para combatir estedelito, aunque ninguno deja pasar la oportunidad para sacar “rajapolítica” del tema y usarla en contra de sus adversariospolíticos.
Uno de los primeros en delegar responsabilidades fue el senadordel PAN, Javier Lozano Alarcón, quien recientemente señaló quepor tratarse de un delito federal es el Gobierno de la Repúblicael responsable de rendir cuentas sobre el combate de estedelito.
Esto a pesar de que hace un año fue descubierta una red alinterior de la Secretaría de Seguridad Pública del estado queprotegía a delincuentes dedicados al robo de combustible, lo quederivó en despidos y procesos judiciales contra altos mandos de lacorporación estatal.
También argumentó que el aumento del precio de la gasolina esun factor para que se incremente este delito, por propiciar laexistencia de un mercado negro en el que se vende el combustible aprecios mucho más bajos. Sin embargo, tras las críticas, laúnica solución que ofreció fue una mayor coordinación entre lostres niveles de gobierno e investigar una posible participación depersonal de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la comisión de estedelito.
En respuesta, el diputado federal del PRI en el distrito deTepeaca, Alejandro Armenta Mier, argumentó que el precio de lagasolina no tiene nada que ver con el robo de hidrocarburo, pues serige por la ley de oferta y demanda en el mercado internacional,por lo que también pidió mayor coordinación entre estado yfederación para no dejar en estado de indefensión a losmunicipios.
“Son cosas totalmente diferentes, el precio del combustibleestá en función de la ley de oferta y demanda internacional,aquí lo importante es que la federación y el estado tengan unmayor respaldo para los municipios, los municipios están encondiciones de indefensión ante el crimen organizado”, comentóen entrevista telefónica.
Recordó que desde septiembre de 2015 ha realizado variosexhortos en la Cámara de Diputados para que el Gobierno del estadocombata este delito, sin que dichos llamados desde tribuna rindanresultados hasta el momento.
Aunque hace unas semanas anunció la gestión de módulos deseguridad para combatir el robo de combustible, el diputado federaldel PRI reconoció que estos no tienen la capacidad para combatiral crimen organizado, por lo que también delegó laresponsabilidad a los gobiernos estatal y federal.
La diputada local y dirigente estatal del PRD, Socorro QuezadaTiempo, reconoció abiertamente que las facultades de loslegisladores locales para combatir este delito es nula, ya que selimita a un exhorto que calificó como “llamados a misa” paralas autoridades estatales y federales.
Por su parte, el diputado del PAN y presidente de la Comisiónde Seguridad en el Congreso, Francisco Rodríguez Álvarez, hasolicitado en varias ocasiones mayor coordinación entre los tresniveles de gobierno, aunque ninguno de estos llamados haya dejadoresultados visibles por el momento.
