Lo que varios años atrás se consideraba una problemática exclusiva de ciudades del norte del país ahora es una realidad en la ciudad de Puebla y su zona metropolitana. La aparición de cuerpos desmembrados, mensajes de la delincuencia organizada y el uso de armas supuestamente destinadas para uso exclusivo del Ejército es algo más común en la capital y enfrentarse a ello será, quizá, el reto más importante para el presidente municipal, José Chedraui Budib, quien rindió protesta este día.
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Especialistas en seguridad como Valente Tallabs González, director de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), y Tadeo Luna de la Mora, académico de la Universidad Iberoamericana, advirtieron que estos actos violentos están en aumento debido a que Puebla es un territorio estratégico para cualquier tipo de comercio y también por diversas problemáticas sociales, incluidas el narcomenudeo.
Destacaron que lo más preocupante es la creciente brutalidad de estos hechos, que envían un claro mensaje tanto a sus rivales en el crimen como a las autoridades, además de intentar intimidar a la ciudadanía. Esta estrategia ha sido efectiva, ya que en los últimos meses ha aumentado la percepción de inseguridad entre la población.
Hallazgos de restos humanos se vuelve común
Escuchar del hallazgo de restos humanos se ha convertido en algo común para los ciudadanos de la capital. A los pocos meses de que Eduardo Rivera Pérez llegó a la presidencia municipal de Puebla, en octubre de 2021, apareció un cuerpo envuelto sin vida en la junta auxiliar de La Libertad. Se trató del primer cadáver del 2022 con signos de violencia sobre la vía pública.
Para abril se encontraron cuatro bolsas de basura con restos humanos en la zona del Parque de las Ninfas. Tras el hallazgo, el ex gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, calificó el hecho como un acto de crueldad, pero que no tendría que afectar a los poblanos al desempeñar sus actividades; mientras que Rivera Pérez lo atribuyó a un ajuste de cuentas entre grupos criminales.
La violencia no paró en el 2022. Restos humanos fueron encontrados dentro de bolsas en un lote baldío cerca del relleno sanitario y lo mismo ocurrió en una barranca de la carretera a Santa Cruz Alpuyeca, donde un cuerpo sin vida fue abandonado en un bote de basura.
Un caso más ocurrió en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, donde vecinos notaron una bolsa extraña dentro del contenedor de plástico y al acercarse encontraron un cadáver. Asimismo, dos cuerpos embolsados fueron localizados dentro del canal de aguas negras de la colonia Santa Lucía; uno de ellos no tenía cabeza.
Para 2023 continuó la tendencia negativa, pero se vio un aumento en la crueldad. Se encontraron entre 5 y 8 cuerpos desmembrados al interior de bolsas en Amozoc y el secretario de Seguridad del gobierno del estado, Daniel Cruz Luna, confirmó que estos hechos fueron derivados de una disputa entre bandas dedicadas al robo de hidrocarburo en la junta auxiliar de Xonacatepec.
Meses después se registró un ataque armado en un centro de narcomenudeo ubicado en la junta auxiliar de Canoa. Dejó al menos seis personas muertas y dos heridas. Los hechos ocurrieron en una construcción conocida por ser un "picadero", donde se compra y consume droga.
Grupo delictivo hace su aparición en Puebla
A finales de este año se supo de la comisión de secuestros en Xonacatepec, derivados del narcomenudeo, y por primera vez en la capital, se habló del “operativo barredora", ya que un sujeto conocido como “El Nacato” fue secuestrado por supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estos acontecimientos ocurrieron nuevamente en Xonacatepec.
Dicho operativo es un supuesto brazo armado del CJGN que se ha vinculado a actividades de extorsión, secuestro y otros actos de violencia en varias regiones de México.
Este grupo se caracteriza por su brutalidad y su intención de controlar territorios para expandir sus operaciones delictivas. Aunque los detalles sobre sus operaciones pueden variar, se les asocia con un enfoque agresivo hacia competidores y autoridades, lo que ha generado un ambiente de temor.
En el presente año no mejoró la situación. En abril, Alejandro N., quien fue privado de la libertad cuando salía de su autolavado en Mayorazgo, fue asesinado y su cuerpo abandonado junto con seis cadáveres más, desmembrados y emplayados. Las víctimas fueron encontradas fuera y dentro de un automóvil en el Periférico Ecológico, a la altura de La Guadalupana.
En julio, un grupo de personas que utilizaban pasamontañas y portaban chalecos antibalas ingresaron al casino Big Bola y mataron a dos hombres. Pese a que el lugar se encuentra en San Andrés Cholula, es parte de la zona metropolitana.
De este hecho, una mujer que se encontraba en el lugar fue privada de la libertad sin que se supiera nada más de ella, incluso, no hubo denuncia por desaparición. Un mes después, apareció su cuerpo emplayado en la carretera rumbo a Azumiatla.
Este mismo mes fue encontrado un cuerpo desmembrado en las inmediaciones de la Unidad Habitacional Volkswagen 2 en Cuautlancingo, es decir, a 20 minutos del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, y el mismo día, una pierna y un brazo fueron hallados cerca de la CAPU. El fiscal general, Gilberto Higuera Bernal, confirmó que ambos hechos estaban relacionados con grupos delictivos dedicados al narcotráfico y que fueron disputas por el territorio.
Además, durante un enfrentamiento con policías municipales en la colonia Guadalupe Hidalgo, dos hombres fueron detenidos, entre ellos una persona originaria de Jalisco, y se vinculó a tres más. Por otro lado, se registró el homicidio de un hombre frente a un taller automotriz en Las Torres. La Fiscalía confirmó que estos últimos incidentes fueron cometidos por el “operativo barredora”.
Percepción de inseguridad en últimos meses relacionada con estos hechos delictivos
Para Tadeo Luna de la Mora, especialista en materia de seguridad, todo este panorama podría estar relacionado con el aumento de percepción de inseguridad que se registró en los últimos meses.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en marzo de este año, el 72.3 por ciento de los ciudadanos dijeron sentirse inseguros en la capital, pero para junio, la cifra se elevó a 76.7.
Presenciar conflictos o enfrentamientos delictivos en las calles también aumentó, pues pasó del 35.9 por ciento al 59.5 por ciento; y pese a que se sienten vulnerables y cada vez son más los testigos de hechos delictivos, los poblanos no confían ni en la policía municipal ni en su gobierno municipal. El 29.4 por ciento considera que el ayuntamiento sí puede resolver estas problemáticas y sólo el 4.2 por ciento cree que los policías son efectivos.
¿Qué puede hacer la próxima administración para mejorar la percepción?
El también académico sugirió incrementar la presencia policial en áreas críticas, lo que puede disuadir el crimen y hacer que las personas se sientan más seguras. Otra forma es implementar programas de prevención del delito, como educación y capacitación para los jóvenes, programas de reinserción para los delincuentes y apoyo a las víctimas del crimen.
La comunicación es clave, por lo que establecer canales de comunicación efectivos con la comunidad es esencial. Esto puede incluir líneas directas para reportar delitos, reuniones comunitarias y campañas de concientización. Destacó que la participación ciudadana en la seguridad pública también es importante, por lo que las autoridades pueden fomentar la creación de grupos de vigilancia vecinal.
Por último, las autoridades pueden apoyarse en la tecnología con cámaras de vigilancia y sistemas de alarma, ya que estos sistemas ayudan a prevenir y responder a los delitos. También pueden desarrollar programas de educación y concientización sobre la seguridad.
Por su parte, Valente Tallabs González advirtió sobre la presencia de cárteles que operan en Puebla, cuyo objetivo es sembrar terror entre la población con actos más frecuentes y violentos.
“Puebla se ha convertido en una plaza estratégica para el comercio de todo tipo, lo que la hace vulnerable ante estas organizaciones criminales”, explicó.
Desde su óptica, la situación se intensificó desde la crisis del huachicol y el robo de gas LP; a esto se suman diversas problemáticas sociales que llevan años existiendo, como la pobreza, el acceso limitado a la educación, la falta de empleo y el narcomenudeo que impera en las zonas más pobres de la capital.
Expone que es necesario implementar políticas que fomenten el desarrollo social y económico, así como oportunidades de empleo para disminuir la incidencia delictiva. El experto hizo un llamado a la próxima administración para que trabaje de la mano con el gobierno del estado y la federación.
Mientras que, a la ciudadanía, pidió reportar todos los hechos delictivos y participar activamente en la construcción de una comunidad más segura. Concluyó en la necesidad de contar con una policía visible y transparente, así como la capacitación adecuada para que los elementos sepan cómo intervenir en incidentes de alto impacto.
Percepción de inseguridad y número de carpetas de delitos aumentan con última administración
Hay que recordar que la administración encabezada por la morenista Claudia Rivera Vivanco (2018-2021) cerró con un total de 76 mil 75 carpetas de investigación por todos los delitos que comprende el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mientras que la Eduardo Rivera Pérez, incluido el periodo de suplencia de Adán Domínguez Sánchez (2021-2024), reportó hasta agosto de este año un total de 85 mil 342 indagatorias.
Esto quiere decir que, aunque aún no hay cifras oficiales de los últimos meses, la administración panista superó el número de denuncias que se hicieron.
En cuanto a la percepción de la inseguridad, el INEGI ha reportado que no es estable. Luego de que Rivera Vivanco llegó al poder, en junio, el 88 por ciento de la ciudadanía se sentía insegura. Por la pandemia, el siguiente informe salió hasta diciembre y arrojó que el 82.2 por ciento se sentía vulnerable. La administración cerró con un 86 por ciento de imagen negativa.
Para el primer año de Rivera Pérez, se notó un aumento. En junio del 2022 el 91.8 por ciento de la ciudadanía dijo sentirse inseguro en la capital, en junio del 2023, el porcentaje bajó al 81.9 por ciento y nuevamente reportó una baja para junio de este año con el 76.7 por ciento.
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Sin embargo, como se mencionó anteriormente, si se compara marzo 2024 con junio 2024, hubo un aumento al pasar del 72.3 por ciento a 76.7 por ciento. Los especialistas indicaron que esto podría relacionarse con el periodo electoral, ya que se registraron varios enfrentamientos que hicieron sentir a los pobladores con miedo.
