En plena semana hábil, las puertas de la presidencia auxiliar de San Miguel Canoa lucen cerradas y los ciudadanos subían y bajaban las escaleras del edificio que se encuentra en el Zócalo de la comunidad, que cuenta con alrededor de 14 mil habitantes, porque el presidente actual, Raúl Pérez, pocas veces despacha en su oficina.
Desde que fue encarcelado en 2014, presuntamente por el robo de un celular y la retención de un trabajador de una empresa, los servicios prácticamente dejaron de existir, así como los regidores y otros trabajadores.
Las oficinas están cerradas, y a veces, de acuerdo con versión de pobladores, llega alguna secretaria a realizar los trámites por un par de horas en la mañana y el mismo tiempo por la tarde, mientras la junta auxiliar vive una crisis de inseguridad y de adicciones que ha afectado a parte importante de los jóvenes que habita en esa zona del municipio de Puebla.
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Los ciudadanos saben que después de que cierra el comedor comunitario, los pasillos de la presidencia son un buen lugar para descansar y para que grupos conocidos se sienten a consumir lo que se conoce como PIBI (limpiador de tubo de PVC). Junto se encuentra una comandancia y dos policías “brindan la seguridad necesaria”.
Catalina Salas atiende desde hace tres meses el comedor comunitario donde diariamente da de comer a 70 personas de escasos recursos económicos. El platillo que ofrece está en 10 pesos y el peligro de que el programa desparezca es alto. Le dieron hasta el mes de febrero para terminar la despensa que otorga la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pero los alimentos tal vez se terminen mucho antes.
San Miguel Canoa sigue dando motivos para ser noticia, aunque la masacre de 1968 no se olvidará. En menos de un mes han asesinado a dos pobladores, uno al interior de su vivienda, y al otro, saliendo de su casa cuando iba rumbo al trabajo. Los habitantes de Canoa señalan que esto último ocurrió el lunes, mientras que la policía solamente está de adorno, porque tampoco se presenta a donde ocurren los acontecimientos.
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En plenas campañas para elegir nuevos alcaldes auxiliares hay bardas pintadas con los nombres de quienes han obtenido el registro, serían alrededor de siete los que buscan la silla, pero Salas se pregunta: ¿para qué? Si el que despacha no es bueno, solo para cobrar cada lunes la cuota de los puestos del tianguis, pero no para darle solución a los problemas que existen en la comunidad.
“Si yo fuera la presidenta haría un lugar en donde fuera yo a meter a todos los drogadictos, aquí encuentras en cada calle y son los que están robando”, según comentó.
Sin embargo, José Flores dijo que quienes consumen alguna sustancia no son el problema porque lo único que hacen es robarse algunos animales o botes, no tienen la capacidad organizativa ni financiera para estar armados.
HASTA EN LAS FIESTAS
Ahora ya nada es seguro, salir de noche o a trabajar, incluso, asistir a una fiesta porque rondan por las calles camionetas extrañas y gente de otros lados. Los ciudadanos creen que son de un cártel, o al menos, es lo que se dice, que vienen de Jalisco y están bien armados porque los asaltos se han llevado a cabo con armas largas y todos están encapuchados. “No son ellos”, señaló a los jóvenes de la comunidad que consumen sustancias ilegales.
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Ahora hasta para salir a una fiesta se debe tener cuidado. Flores, de 60 años de edad, comentó que una de sus hijas fue madrina de bautizo el fin de semana, pero un grupo de jóvenes se la quiso llevar a un lote baldío. No eran de San Miguel sino de Tlaxcala, piensa que querían robársela.
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La confianza en los vecinos ha mermado porque no se sabe si alguno se encuentra coludido con bandas de secuestradores o que se dedican a robar en las casas, previamente vigiladas. Las cosas, dijo, han cambiado mucho en Canoa porque la tranquilidad se perdió, mientras existe la indiferencia de las mismas autoridades auxiliares que serán renovadas el próximo 27 de enero, de acuerdo con la convocatoria publicada por el Ayuntamiento de Puebla.
