A un año de haber solicitado a las autoridades una auditoría financiera del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), la Comisión de Derechohabientes del instituto acusó no haber recibido respuesta de su petición, por lo que nuevamente pidieron la intervención del gobierno de estado para dar claridad del panorama económico que atraviesa.

En conferencia de prensa, los derechohabientes indicaron que desde el 23 de enero del 2020, tuvieron un encuentro con el titular de la Secretaría General de Gobierno, quien se comprometió a dar seguimiento a su petición de investigar el manejo de los recursos económicos que, a decir de ellos, ante los malos manejos y presunto desfalco se pone en riesgo el pago de las jubilaciones.

Sin embargo, a un año de no recibir respuesta, la Comisión nuevamente hizo un llamado a la actual Secretaría General de Gobierno, con el objetivo de dar seguimiento a la auditoria del instituto. A la par, solicitaron hacer público el listado de pensionados y jubilados “para saber si existen o no exfuncionarios públicos que indebidamente cobren una jubilación con el consecuente daño a las finanzas del instituto”, señalaron.

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Del mismo modo externaron su preocupación ante el “deterioro financiero”, por lo que pidieron aplicar la ley contra la persona o personas que resulten responsables. “es posible que existan culpables de su quebranto, y si así fuera, exigimos castigo para ellos y que devuelvan lo robado”, señalaron.

Destacaron que quienes administran el dinero, destinaron parte del fondo de pensiones para la construcción de obras, entre ellas la del Hospital de Especialidades 5 de Mayo, el cual consideraron debió de ser financiado con otro tipo de recursos.

Señalaron también que, los gobiernos anteriores, lucraron con la compra de medicamentos, por lo que a decir de los integrantes de la comisión, las medicinas que reciben desde hace años son de mala calidad, hecho por lo que insistieron en la importancia de realizar la auditoría a fin de evidenciar los presuntos actos de desfalco.

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