En Puebla, las leyes para combatir la violencia de género son “buenas”, sin embargo, no son suficientes debido a que hacen falta políticas públicas que combatan los roles de género, los estereotipos, la violencia, además de las agresiones, consideró Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la especialista señaló que es positivo que se visibilicen agresiones fiscales, sociales y hasta cibernéticas en las recientes leyes promulgadas en el Congreso Local, no obstante, están pendientes otras estrategias de gobierno para que sean efectivas.
“Ahora se habla de la violencia familiar antes fue doméstica; se ha ampliado para atender todos los tipos de violencia (…) Las nuevas figuras como el ciber-acoso, son tipos de violencia que viven las mujeres, pero que tenían obstáculos para denunciar”, dijo.
Asimismo, criticó la falta de transparencia en este tipo de temas, principalmente en el desarrollo de la Alerta de Violencia de Género que se emitió el pasado 8 de abril en Puebla para 50 municipios, y cuyos avances no son públicos.
“Hay una falta de transparencia en el proceso dado que no se ha dado a conocer por parte del gobierno del estado cuales son las acciones, y los resultados de las medidas”, comentó y agregó que es preocupante el incremento de feminicidios.
La directora del IDHIE señaló que el 3 de abril de 2007, se instaló el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Sistema Nacional), como un mecanismo a favor del género, que, entre los aspectos positivos se encuentra que los asesinatos sean reconocidos como “feminicidios”.
De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), hasta octubre, se han calificado como feminicidios 50 asesinatos de mujeres, 92% más que en 2018, cuando en el mismo periodo fueron 26.
El SNSP, que tiene el registro delictivo de delitos del fuero común, reportaba en 1999 hechos en los que posiblemente estaban involucrados las mujeres como la violación, el estupro y de manera general delitos sexuales.
Actualmente, en 2019, el abanico de denuncias aumentó con la inclusión de acoso sexual, abuso sexual, trata de personas y la violación fue dividida en simple y equiparada.
En las estadísticas destaca, que, en los últimos cuatro años, la violación pasó de 504 de enero a octubre de 2015 a 803 para el mismo periodo de 2019, es decir, incrementó 59%, asimismo, en el caso de la violencia familiar, que es principalmente es una agresión en contra de mujeres creció al ir de 4 mil 215 a 7 mil 976 denuncias.
PENDIENTES EN LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN
Otro de los pendientes del gobierno estatal, comentó Arrambide, son las medidas de protección que ofrecen las autoridades a mujeres víctimas que denuncia violencia familiar.
La especialista señaló que Fiscalía General del Estado informó a la Universidad Iberoamericana que de 2012 a 2016 llegaron un total de 21 mil 705 denuncias por violencia familiar, de los cuales solo emitieron 485 órdenes de protección, cuando debería ser fundamental dar seguridad a quienes inician un proceso legal.
“Una mujer que denuncia es porque busca protección, si la Fiscalía de 21 mil denuncias atiende el aproximadamente 4%, está dejando en un estado de indefensión, mandado un mensaje de tolerancia e impunidad”, condenó.
La impunidad, agregó, también es un factor por el que han aumentado en delitos como los feminicidios y hasta la trata de personas, por esa razón, dijo que es necesario también fortalecer el sistema de justicia, así como la revisión de sus funciones.
