En Puebla se registraron 148 eventos de linchamiento de enero a diciembre de 2020, esto representa un decremento del 46 por ciento respecto a los 276 casos que se registraron un año antes, según el informe “Justicia por propia mano: Análisis de los linchamientos en el esto de Puebla, 2020”.
De acuerdo con el reporte del Observatorio Ciudadano de Seguridad y Paz del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJP), esta disminución se derivó a la llegada de la Covid-19 a la entidad y con ella las medidas de suspensión temporal de actividades no esenciales, ya que provocaron cambios en la movilidad social y en los indicadores de seguridad y justicia.
Detectaron así que los municipios del estado que presentaron más casos son aquellos ubicados en la zona centro y este del estado, así como aquellos que concentran un alto número de delitos patrimoniales (hurto, robo a casa habitación o negocio, estafa, defraudaciones).
Es importante precisar que estos datos incluyen intentos de linchamiento, es decir, aquellos actos en los que no hubo personas fallecidas (139) y linchamientos, en los que sí falleció alguien (9).
Concretamente, los diez municipios en la entidad con más eventos de linchamientos registrados en 2020 fueron: Puebla (67), Tlahuapan (9), Amozoc (7), Tecamachalco (5), San Andrés Cholula (4), San Pedro Cholula (3), San Salvador Huixcolotla (3), Tlacotepec de Benito Juárez (3), Acajete (2) y Cuautlancingo (2).
Mientras que la dinámica mensual de justicia por propia mano, la cifra más alta se dio en febrero (30) y para el siguiente mes (periodo en que se establecieron las medidas sanitarias por el coronavirus), cayó a 16, los meses posteriores, este delito reportó una tendencia a la baja, llegando hasta dos delitos en el mes de julio.
Por último, en el informe se destacó que es urgente contar con una definición clara de linchamiento y acuerdos entre las instituciones encargadas de registrarlo, para que se registre cada uno de los casos ocurridos en el ámbito de sus respectivas competencias, además de fortalecer esfuerzos para promover las denuncias y la respuesta efectiva a estas por parte de las autoridades, en particular en los casos de delitos patrimoniales.