La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó nueve artículos de la Ley de Educación de Puebla, debido a que el Congreso local no consultó a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a personas con discapacidad.
Diputados críticos como Rocío García Olmedo y José Juan Espinosa Torres pidieron que la convocatoria sea abierta a todas las personas interesadas como rectores de universidades públicas y privadas, representantes de padres de familia y que no solo se pida la opinión de la población indígena y con discapacidad.
El martes el Pleno de la Suprema Corte declaró la invalidez de los artículos 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley de Educación estatal aprobada el 15 de mayo de 2020 por la LX legislatura, a propuesta del gobernador Miguel Barbosa Huerta, misma que fue impugnada por 13 diputados de oposición y la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.
Tras analizar las acciones de inconstitucionalidad promovidas por separado, los ministros declararon por unanimidad de votos la invalidez de las disposiciones, misma que surtirá efectos a los 18 meses siguientes a la notificación de la resolución, es decir en ese plazo el Congreso local deberá, previa consulta a los grupos vulnerables, legislar en materia de educación indígena e inclusiva.
El ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo explicó que la invalidez surtirá efectos hasta que venza el plazo concedido, es decir dentro de los 18 meses siguientes el Congreso tiene que realizar la consulta, emitir la regulación en el entendido que la consulta no debe limitarse a los nueve artículos declarados inconstitucionales, sino que debe tener un carácter abierto a efecto de facilitar un diálogo democrático y busque la participación de los grupos involucrados.
CONVOCATORIA ABIERTA
La diputada del PRI, Rocío García Olmedo pidió que la convocatoria sea general para que se escuche la opinión de todas las personas interesadas, pues recordó que en la elaboración de la Ley General de Educación se otorgó un plazo para que los congresos estatales la armonizaran y ahí sí se incluyeron garantías de protección para las comunidades indígenas, lo que no ocurrió en Puebla.
“Creo que lo que se tiene que hacer lo más pronto posible es convocar a consulta para tomar el parecer de las comunidades indígenas en base a lo que dice la Ley General y las propuestas marcadas en la Ley de Educación estatal”, dijo.
García Olmedo recordó que en su momento convocó a un parlamento abierto para conocer las inquietudes de las universidades inconformes y al término presentó una iniciativa que reúne los puntos de vista de las instituciones, sin embargo esta sigue en la congeladora legislativa, pues no se ha discutido ni dictaminado.
Algo similar opinó el diputado del PT, José Juan Espinosa, quien sentenció que el proceso legislativo se violó porque la iniciativa del gobernador fue aprobada en cuatro días, sin cambiar puntos ni comas y sin tomar en cuenta a todos los sectores involucrados en la educación, no solo de los pueblos indígenas.
“También de las instituciones de educación superior, representantes de padres de familia, especialistas en el tema, pero como ha sido la constante de la fracción mayoritaria comandada por Gabriel Biestro, no hicieron caso y aprobaron tal cual la envió el Ejecutivo, entonces aplaudimos la intervención de la CNDH”, dijo.
Espinosa llamó al gobierno estatal a aprovechar la resolución de la Suprema Corte para que no solo se consulte la opinión de las comunidades indígenas y personas con discapacidad, sino también a las instituciones educativas públicas y privadas, a quienes convocó a participar y corregir la Ley de Educación.
