La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar la “Ley Ingrid” en el Estado de México no atrasará el debate de la normativa en Puebla porque la entidad se ha caracterizado por cumplir con los lineamientos del máximo tribunal, consideró la proponente del proyecto en la entidad, la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Nora Merino Escamilla.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de Puebla señaló que el parlamento se ha caracterizado por contar con una redacción adecuada y no caer en vicios, situación que ocurrió en el Estado de México.
Sin embargo, adelantó que estará pendiente de la resolución que emita la SCJN respecto a la normativa y afirmó que la “Ley Ingrid” servirá para evitar desde el servicio público la divulgación de información de investigaciones en casos de violencia física o sexual o circunstancias de muerte con mujeres y menores de edad involucradas.
“La invalida la SCJN porque creo que cae en vicios, algo que no pasa en la de Puebla, qué son vicios de inconstitucionalidad porque en Puebla hemos cuidado perfectamente la ley para que no caiga en eso, únicamente se salvaguarde el derecho de las víctimas a la difusión del contenido”, expresó.
A la par, adelantó que, tras el regreso de las actividades en el Poder Legislativo, es decir, después del 15 de mayo, le solicitará a la Junta de Gobierno y Coordinación Política sacar a la brevedad la normativa que presentó con el fin de atender las lagunas que existen en materia
“Estaré pidiéndole a la Junta de Gobierno y Coordinación Política que pronto saque los temas de las mujeres y cuidaremos evitar algún vicio para que puedan salir nuestros temas”, asentó.
El proyecto de la petista planteó que penas por este tipo de delitos irían de 4 a 10 años de prisión y una multa de 100 a 150 Unidades de Medida y Actualización, es decir, de los 9 mil 622 pesos a los 14 mil 433 pesos. No obstante, en los casos donde este tipo de filtración de información se den en casos de mujeres, niños, niñas o adolescentes, la sanción podrá incrementará hasta en un 50 por ciento, por lo que la pena máxima podría llegar hasta los 15 años de cárcel.
La iniciativa se originó luego de que el 9 de febrero de 2020 se registró el feminicidio de Ingrid Escamilla, una joven poblana de 25 años de edad que residía en la Ciudad de México junto a su pareja de 46 años. Las imágenes de su cuerpo desollado fueron filtradas a medios de comunicación y compartidas por redes sociales, lo que generó indignación entre la población.
A raíz de esto, diferentes entidades federativas comenzaron a legislar para sancionar que las víctimas sean revictimizadas al difundir información, datos o pruebas de su investigación y en Oaxaca ya aprobaron esta ley.