La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) inició una queja por el toque de queda que se anunció en Tulcingo del Valle, argumentando que los municipios no cuentan con la facultad para restringir las actividades, aunque exista una contingencia sanitaria por el coronavirus por lo que lo que hizo dicha ciudad trasgrede las leyes, así como los derechos humanos.
A través de un comunicado de prensa, la Comisión dio a conocer que esta queja es principalmente porque el toque de queda pone en riesgo el ejercicio de los derechos humanos, incluso que trasgreden los Tratados Internacionales en la materia.
“La libertad de tránsito, señalada en el artículo 11 Constitucional, así como el ejercicio de otros derechos, solo puede ser limitada o restringida temporalmente por el presidente de la República, y de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución, con aprobación de las dos Cámaras del Congreso y la revisión de oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ante tales circunstancias, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla inició de oficio una investigación por la implementación del toque de queda en el municipio de Tulcingo del Valle por ser una figura que podría vulnerar derechos humanos”, se puede leer en el comunicado.
Por lo anterior, la CDH en Puebla hizo un llamado a todas las autoridades a respetar las medidas oficiales implementadas para minimizar los riesgos de contagio por el coronavirus, y les pidió actuar dentro del marco de la ley, así como respetar los derechos humanos de los poblanos.
Fue el 31 de marzo que el presidente municipal de Tulcingo de Valle, Juan Manuel Rodríguez Rodríguez, informó sobre el establecimiento del toque de queda; el munícipe señaló que la decisión se tomó mediante un acuerdo del Cabildo para establecer esta medida durante todo el tiempo que dure la contingencia, desde las 9:00 de la noche y hasta las 5:00 de la mañana.
Posteriormente el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, aseguró que no se aplicaría dicho toque de queda y pidió a los presidentes municipales que no adoptaran medidas que no les correspondían y que no están marcadas en la Constitución.
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