El Congreso del estado analizará si el alcalde de San PedroCholula, José Juan Espinosa Torres, incurrió en un delito porcobrar el saneamiento del agua potable sin que sea el Ayuntamientoquien otorgue el servicio, anunció el presidente de la Junta deGobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui.
"Entiendo que hay molestia al interior del Cabildo, molestia dela gente y sin duda si se configura en delito como el que estamoshablando habrá que tomar cartas en el asunto. Yo tendré unareunión más tarde para revisar el tema de San Pedro Cholula y apartir de ahí estaremos viendo lo que se estaría haciendo",comentó en entrevista.
Recordó que en estos casos el Congreso puede actuar de dosformas, la primera a través de una denuncia ciudadana y la segundaen la revisión de las cuentas públicas del alcalde de San Pedro,lo cual ocurrirá en los próximos meses después del informe de laAuditoría Superior del Estado (ASE).
"El Congreso actúa bajo denuncia en caso de que la hubiera o apartir de la revisión de los ejercicios de los recursos públicosen el momento que esto ocurra, que estaríamos hablando de que estoocurriría en los próximos meses después de la presentación delinforme de la Auditoría Superior del Estado".
Consideró lamentable que el edil de San Pedro se extralimite ensus funciones en el cobro de un servicio que no presta, sobre tododespués de la campaña de desinformación que Espinosa Torres hainiciado para denunciar una privatización del servicio de aguapotable desde el Congreso del estado.
"Sería delicado que esté ocurriendo este cobro indebido conuso de facultades y extralimitándose en ellas y que no tiene, esoal final de cuentas puede tener algún tipo de repercusión", conlo que dejó entrever la posibilidad de un proceso en sucontra.
Los señalamientos de este posible delito cometido por elalcalde fueron denunciados por el jefe de la Oficina delGobernador, Javier Lozano Alarcón, después de que el edil de SanPedro Cholula lo interceptó en las inmediaciones de un medio decomunicación para acusar al gobierno estatal de iniciar un procesode privatización, a pesar de que la reforma al artículo 12 de laConstitución del Estado de Puebla solo establece el derecho alagua como un derecho humano.