“La sexagésima legislatura, ayudó a la gobernabilidad del estado, frente a la situación política del año pasado”, así lo consideró el presidente de la Junta de Gobierno, Gabriel Biestro Medinilla, al encabezar el primer informe de actividades del Congreso del Estado de Puebla.
Con la presencia del gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, con el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal y con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez se llevó a cabo el evento. Asistieron 29 legisladores, 5 se justificaron y 7 faltaron.
El mensaje fue emitido por el legislador, Gabriel Biestro Medinilla, quien dijo que los actuales diputados locales, han tenido que enfrentarse a diversos retos, como el tránsito de cuatro diferentes titulares del Poder Ejecutivo, así como un encargado de despacho y a 11 “vetos” por razones políticas por parte del exgobernador José Antonio Gali Fayad.
En su discurso, aseguró que la anterior legislatura dejó en pésimas condiciones el Congreso, “tanto física como moralmente”, ya que los ciudadanos no creen en los diputados y el inmueble no recibió mantenimiento. Incluso dijo que, cuando tomaron protesta no había inventario, ni un registro del personal.
Desde su óptica, esta legislatura sí ha sido productiva, no como la que los antecedió, debido a que llevan 23 sesiones más, es decir, un 27 por ciento de rendimiento, con 48 sesiones ordinarias, 27 de comisión permanente, 7 sesiones solemnes y 4 sesiones extraordinarias acumulando un total de 86 sesiones.
Destacó la Ley de Mejora Regulatoria, la Ley de Egresos, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de expropiación exprés y que en ésta legislatura se reformó el Código Penal para tipificar el ciberacoso, también se prohibió la publicidad sexista.
De igual modo, compartió que aprobaron por unanimidad la Ley de Egresos para el Estado, y en dicha Ley se aumentó en 500 millones de pesos el presupuesto del Poder Judicial, para la instalación de nuevos juzgados e incrementar el número de jueces, y aumentaron en 300 millones de pesos el presupuesto a la FGE para ampliar el número de agencias del Ministerio Público, agentes, peritos y funcionarios de la materia.
Para finalizar, aceptó que hay pendientes, ya que hay más de 250 reformas sin dictamen y existe hacinamiento en los espacios en donde labora el personal administrativo.