La Ley Minera podría ser revisada, pues permitiría que las autoridades entreguen a las empresas superficie territorial, que incluye ejidos de comunidades indígenas como la de Tecoltemi, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, donde no se habría hecho consulta para la entrega de concesiones a Almaden Minerals por parte de la Secretaría de Economía (SE).
El pasado 5 de marzo de este año se llevó a cabo la Audiencia final del Juicio 445/2015, por lo que el Juzgado Segundo de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en Puebla, deberá dictar sentencia; los demandantes: el Consejo Tiyat Tlali y Fundar piden revisar la norma general y reclaman la violación de los derechos de la comunidad nahua.
Esta semana, las organizaciones civiles lanzaron una campaña en Change.org, dirigida al juez encargado del caso, Yolanda Velázquez Rebollo, para que atienda la demanda de justicia y cancele las concesiones otorgadas por las autoridades sin consentimiento. Al cierre de la edición, la petición rebasaba los 300 firmantes.
Esta campaña surge justo cuando Minera Gorrión, filial de la canadiense, reingresó el pasado 22 de febrero, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por un desfase por plazos administrativos en la explotación de oro y plata, proyecto que tiene el número 21PU2019M0014. La compañía espera la autorización para iniciar la explotación.
La minera promete implementar prácticas modernas libres de cianuro, durante la explotación minera a cielo abierto, cuyo tajo del cerro “Coalin”, en la comunidad de Santa María Zotoltepec, será de una superficie total de 133 hectáreas. La canadiense ha invertido en su fase de exploración 40 millones de dólares, desde hace 18 años que inició trabajos en la comunidad, bajo la gestión del entonces presidente de la República Vicente Fox Quesada; aunque la Reforma Energética se aprobó hasta la administración de Enrique Peña Nieto.
“Firma esta petición para que se atienda la demanda de justicia de Tecoltemi y se cancelen las concesiones mineras que fueron dadas sobre su territorio, pero también para que sea revisada la Ley Minera que da preferencia a la minería por encima de cualquier otro uso del territorio. Es fundamental que se garanticen la vida y los derechos de los pueblos indígenas y los núcleos agrarios, así como su acceso a la justicia”, dice la petición que puede ser consultada en la dirección respectiva de change.org cuya guía es la siguiente "A juicio: La Mina o La Vida. El caso de la comunidad de Tecoltemi, la cual fue iniciada por el Consejo Tiyat Tlali y Fundar y dirigida al Juez Segundo de Distrito en Amparo Administrativo en Puebla.
