El Observatorio de Prisiones en México calificó los centros penitenciarios de Puebla como de los más violentos del país en cuanto a la tortura y malos tratos, condiciones indignas, ingobernabilidad y corrupción, sólo después de Estado de México y Ciudad de México.
De acuerdo con el índice que captura diferentes dimensiones de la vida de personas recluidas en instituciones carcelarias (INDHPOL) que elabora el observatorio, el estado ocupó el tercer lugar nacional por condiciones indignas y corrupción, así como el cuarto puesto por ingobernabilidad, tortura y malos tratos.
Las mediciones de tortura y malos tratos se hacen por el robo de objetos personales; amenazas y extorsión; lesiones físicas abusivas; intentos de violación; rubros en los que el estado quedó en segundo, cuarto, quinto y octavo lugar nacional, respectivamente.
Cabe recordar que en septiembre se dio a conocer un vídeo grabado en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán en el que un recluso de nuevo ingreso fue goleado por los internos, al igual que un vídeo en el penal de San Miguel donde se exigen 50 mil pesos a la familia de un interno para su protección dentro del Cereso.
En ese sentido, 16 por ciento de la población penitenciaria confesó que servidores públicos, empleados de gobierno o custodios le pidieron dinero a cambio de un beneficio; 11 por ciento dijo que los servidores públicos les pidieron dinero a través de su abogado, así como generar condiciones para obligarlos a hacer la entrega de dinero, bienes o favores.
Además, en cuanto a las condiciones indignas dentro de prisiones del estado, 24 por ciento de la población penitenciaria en la entidad declaró no contar con una cama propia, 25 por ciento confesó la mala funcionalidad del drenaje en sus celdas sin recibir mantenimiento para el control de plagas y mal olor, al igual que suciedad en los espacios comunes.
Los pagos por servicios considerados como actos de corrupción en los centros de reinserción social de Puebla registraron que, por lo menos, 5 por ciento de los internos en el estado pagaron por tener servicios médicos, psicológicos y acceso al agua potable y energía eléctrica, al igual que para tener visitas conyugales.
El Observatorio de Prisiones recolecta diariamente los testimonios de víctimas y familiares, en el que una poblana escribió “mi pareja fue trasladado de un centro distrital a este de carácter estatal, ha pasado más de 5 meses en el módulo de máxima seguridad y casi 6 en el de mediana seguridad, todo gracias a la "recomendación" entre directores de los centros y su "mala fama””.
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