De ser legalizado en un futuro el consumo, la producción y la comercialización de la marihuana en México no se detendrán las operaciones ni los ingresos económicos del crimen organizado y el narcotráfico, coincidieron especialistas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
Herminio Sánchez de la Barquera, decano de Ciencias Sociales, explicó que lo anterior se debe a que el crimen organizado transitó a otros espacios sociales, donde lucra ilícitamente con actividades que no son perseguidas.
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“Muchos de estos grupos del crimen organizado han diversificado lo que producen, no solo la droga, tienen control de la producción de aguacate en Michoacán, la producción de mineras en el Pacífico, de actividades más lucrativas y mucho más sencillas de operar que la marihuana, es una nueva lógica de operar frente a un nuevo mundo”, sostuvo.
Valente Tallabs González, director de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno, aseguró que los ingresos económicos que esta droga aporta al crimen organizado no se verán afectados por la legalización de su consumo, pues representa una mínima parte de sus actividades lucrativas.
“La marihuana no es el problema, que pierdan una parte de la producción de marihuana no les representaría un golpe significativo (…) ellos se reinventarían y estarían creando otros ingresos, la marihuana ya no es el fondo del problema, ya ni siquiera es el problema”, precisó.
Los especialistas coincidieron en que el combate del crimen organizado y el narcotráfico es una tarea que debe partir desde su origen social, lo cual no se podrá solucionar en un sexenio, pues a dos años de que termine la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador no hubo mayores cambios en contra de estas prácticas.
“La legalización de la marihuana puede ser parte de una política integral para disminuir el crimen organizado y el narcotráfico, pero donde más les duele es en el dinero y ahí es donde se queda corta la estrategia de seguridad nacional”, puntualizó.
Finalmente, opinaron que este fenómeno no frenará únicamente con el apoyo del gobierno federal, pues implica una cadena de actores sociales que no dejan de sumarse al desarrollo de estos delitos. “Siempre irán por aquello que les genere más ingresos fácilmente”, precisó Tallabs González.
