La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó reformas a la Constitución del Estado para homologar lo aprobado a la Carta Magna con el fin de evitar que los violentadores, deudores alimentarios y agresores sexuales sean candidatos en las siguientes elecciones, un tema conocido como la “Ley 3 de 3”.
En la sesión de este martes, los legisladores avalaron por unanimidad de votos las modificaciones en materia de suspensión de los derechos de los ciudadanos. El área jurídica del parlamento explicó que las reformas obedecen a la homologación de la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos que entró en vigor el pasado 30 de mayo.
“El objeto es establecer las reformas y adiciones a la Constitución Política de Puebla en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público. En este contexto, el objetivo de este ordenamiento es homologar el contenido de la Constitución local con el establecido en nuestra Carta Magna”, explicó.
En lo que respecta al parlamento recibió varias propuestas de las diputadas y los diputados Nora Merino Escamilla, Daniela Mier Bañuelos, Eliana Angélica Cervantes González, María Yolanda Gámez Mendoza, Carlos Alberto Evangelista Aniceto, así como Iván Herrera Villagómez.
Las reformas son a las fracciones VI y VII y VIII, las tres del artículo 22 de la Constitución Política del Estado, donde se estableció que no se podrá ser candidato por “tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos”.
El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel, solicitó hacer una propuesta modificatoria para dejar sentado la forma en la que se pueden recuperar los derechos con el fin de que no se impongan penas excesivas o desproporcionadas para los señalados.
Ahondó en que, lo anterior también obedece a la Carta Magna.
“Es necesario fijar que las sanciones de esta naturaleza pueden constituir como penas excesivas y desproporcionadas, así que deben estar los parámetros para individualizarlas”, dijo.
Cabe mencionar que la ley hace alusión a que los violentadores no podrán ocupar un cargo en los tres niveles de gobierno en los tres poderes y no está relacionada con el marco jurídico que lleva el mismo nombre, pero comprende la declaración de situación patrimonial, de intereses y de impuestos, así como la versión pública de las tres anteriores.
La presidenta de la Comisión celebró la aprobación de las reformas y consideró que es una gran lucha de las mujeres. A la par, señaló que dicho sector de la población ya no está dispuesto a permitir ningún tipo de agresión ni violencia.
“Es sin duda uno de los grandes logros del movimiento de las mujeres que, como bien mencionó mi compañera Laura Zapata es de todas las mujeres y no es propiedad de nadie (…) no estaremos dispuestas, bajo ninguna circunstancia de permitir que ningún tipo de violencia sea tolerada y por supuesto ningún tipo de violencia en contra de las mujeres”, expresó.
El siguiente paso legislativo es someter el decreto al pleno y de acuerdo con los legisladores podría ser en la próxima sesión ordinaria cuando dicha situación ocurra.
En la misma sesión se aprobó disminuir de 30 a 25 años de edad el requisito para ser secretario del gobierno estatal, un tema que también corresponde a una homologación a la Constitución local.
