La Red Nacional de Periodistas, Red Puebla de Periodistas y la organización CIMAC manifestaron su preocupación por la iniciativa presentada en el Congreso del Estado para reformar el Código Penal que busca sancionar a quien difunda noticias falsas en medios de comunicación y plataformas digitales, pues al ser ambigua podría dar pie a la censura de quienes cuestionen o no estén de acuerdo con las acciones implementadas por el Estado.

En un comunicado dirigido a la LX legislatura, a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Mónica Rodríguez Della Vecchia, y a la ciudadanía en general, los colectivos de periodistas expresaron su preocupación por la iniciativa de los diputados Nora Merino Escamilla, de Encuentro Social, y Gabriel Biestro Medinilla, coordinador de Morena, ya que sería un error reformar el artículo 165 del Código Penal sin un análisis a fondo.

La Red Puebla de Periodistas consideró que la iniciativa no contempla una definición para el concepto de “información falsa”. Aun cuando este puede resultar entendible para las personas, es necesario puntualizar una definición precisa para no caer en ambigüedades o interpretaciones a modo por parte de los encargados de aplicar la sanción que plantea.

Estimó que la propuesta contiene los términos “descrédito” y “contradicción” con las acciones o políticas implementadas por el Estado, sin que se definan ambos conceptos.

Es por eso que al no existir una definición clara de los dos términos es posible que, en una interpretación errónea de los mismos, se genere censura en contra de quienes no compartan o cuestionen la eficacia y eficiencia de las políticas o acciones puestas en marcha por cualquier nivel de gobierno, impidiendo o sancionado la difusión de sus propias opiniones.

La Red Puebla de Periodistas destacó que es sabedora de la apremiante necesidad de combatir la desinformación que no contribuye a un bien común, sobre todo en situaciones de emergencias sanitarias, como la provocada por la propagación del Covid-19. Sin embargo, es necesario que la propuesta sea analizada a fondo y por especialistas, a fin de no retroceder en los avances conquistados en materia de Libertad de Expresión con los que Puebla cuenta.

Además, la red manifestó su preocupación por una declaración que la diputada Nora Merino concedió el 27 de abril a un medio de comunicación estatal, donde señaló que la propuesta sería dictaminada la próxima semana en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso.

“Es importante citar que es obligación de las y los diputados garantizar la Libertad de Expresión y un proceso legislativo abierto a la sociedad, por lo que sería un error que la reforma se aprobara sin un análisis a fondo y en un plazo que impida escuchar la opinión de especialistas”, subrayó.

CUALQUIER INTENTO DE PENALIZAR PUEDE CREAR DESCONFIANZA

Recordó a quienes integran el Legislativo que la Organización de los Estados Americanos (OEA), en su comunicado de prensa R58/20, citó una declaración conjunta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como del Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que a la letra dice:

“Compartimos la preocupación de que la información falsa sobre la pandemia podría provocar preocupaciones en materia de salud, pánico y desorden. [...]. Con respecto a otras medidas, como la reducción de contenidos y la censura, puede dar lugar a la limitación del acceso a información importante para la salud pública y sólo debe realizarse cuando se cumplan las normas de necesidad y proporcionalidad. Cualquier intento de penalizar la información relativa a la pandemia puede crear desconfianza en la información institucional, retrasar el acceso a información fiable y tener un efecto silenciador en la libertad de expresión."

De esta forma, la Red Puebla de Periodistas hizo un llamado para que el análisis del tema no sea inmediato, sino que -anteponiendo el principio de Libertad de Expresión- se opte por la consulta con organizaciones civiles especialistas en el tema, para que así, la reforma logre su objetivo de combatir la desinformación y el daño que ésta genera a la sociedad.