Integrantes del movimiento Todos Unidos advirtieron que si el Congreso del Estado no permite el diálogo antes de aprobar la iniciativa de Ley de Amnistía se presentarán controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que la ley solo fomentará la delincuencia y es una licencia para robar.

El expresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en Puebla, Rafael Herrera Vélez pidió a los diputados locales hacer las cosas bien desde el principio ya que de lo contrario habrá controversias y el asunto llegará a la Corte.

“Diría Juan Gabriel pero qué necesidad, mejor escuchar la sociedad que se supone es a los que nos representan, es verdaderamente triste ver que los diputados en lugar de que estén preocupados por la seguridad, la salud, educación, nada más sigan lo que les dicen allá arriba, no puede ser. Espero que este diálogo se dé, que se analicen las cosas”, dijo.

En conferencia de prensa virtual, el abogado Rubén Islas recordó que la Ley de Amnistía no es necesaria para liberar a personas de prisión, pues el gobernador Miguel Barbosa tiene la facultad de otorgar indulto, de modo de la iniciativa que presentó el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Gabriel Biestro, debe estar fundada y motivada.

Desde el movimiento Todos Unidos ofreció orientación a los diputados para hacer un diagnóstico político-criminal que pudiera servir para fundar y motivar adecuadamente la ley, además de orientar a la ciudadanía para protegerse en caso de que sea aprobada, se ignore a las víctimas y se vulneren los derechos esenciales como la seguridad pública.

Elisa Bonilla, vocera del movimiento Todos Unidos, mencionó que bajo el argumento de sacar a los presos de la cárcel por riesgo a contagiarse de Covid-19, la ley tiene un mal planteamiento de origen, pues la amnistía se ha utilizado para dar tregua a revueltas sociales y hoy da un giro de 180 grados para que haya más inseguridad, liberando ladrones que “robaron poquito”, además de violentar los principios constitucionales de la entidad.