La Ley de Educación del Estado de Puebla invade competencias de los colegios particulares al establecer que los inmuebles usen colores neutros y no tengan el nombre de funcionarios públicos y de sus cónyuges y que los programas de estudio sean únicamente los que la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal considere procedentes.
Así lo consideró el consejo directivo de la Coalición Internacional por los Derechos Humanos, Civiles y Políticos A.C. al pronunciarse acerca de la ley educativa aprobada el 15 de mayo en el Congreso del Estado, que ha generado críticas por su contenido.
A juicio de la coalición, la Ley de Educación contempla regulaciones a colegios particulares ambiguas, excesivas y que incluso invaden competencias:
Por ejemplo que los inmuebles de los colegios usen colores neutros y no tengan el nombre de funcionarios públicos y de sus cónyuges. Que los programas de estudio sean únicamente los que la Secretaría de Educación Pública considere procedentes.
El consejo directivo de la AC estimó que lo anterior es grave ya que además se está quitando autonomía a las escuelas privadas, se coarta el derecho de los padres de familia a decidir sobre la educación de sus hijos, lo que implica varias violaciones constitucionales.
SEP SIN FACULTADES PARA REGULAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Indicó que la SEP no cuenta con facultades para regular los bienes muebles e inmuebles de una institución privada, pues para ello existen otras dependencias estatales que se encargan de supervisar estos aspectos, por lo que están dejando de lado la soberanía de la escuelas particulares violentando su Estado de Derecho y causando detrimento económico.
Desde la asociación civil Coalición Internacional por los Derechos Humanos, Civiles y Políticos se consideró que el Estado de Puebla no está facultado para decidir qué programas de estudio desea implementar por lo que viola no solo el derecho a la educación sino que contraviene a los lineamientos estipulados en la Ley General de Educación.
El consejo manifestó su disposición de colaborar para que sean respetados los derechos de los colegios privados y la libertad de los padres de familia a decidir la educación de sus hijos, contribuir a prevenir, detectar y erradicar el enriquecimiento ilícito y el conflicto de interés que tiene el gobierno de Puebla en conjunto con legisladores y partidos políticos.
