La nueva Ley de Educación del estado no afecta a quienes la imparten, por el contrario, mejora las condiciones en la forma como se hace llegar a los estudiantes, aseguró el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Dijo que con la nueva Ley de Educación, una norma de “avanzada”, también se va a respetar la autonomía universitaria y los programas de las universidades privadas, no obstante, también dejó clara su postura en torno a que la educación no es un negocio.

“Para nosotros la educación debe ser una actividad absolutamente democrática, absolutamente accesible que pueda ser vista como un derecho de toda persona, de todo ser humano, eso es para nosotros la educación, no es un negocio, no debe ser un negocio y nunca ser utilizada para lo que se utilizó en otros tiempos”, indicó.

La Ley Educación fue aprobada la semana anterior, en esta se contempla que, se podrán investigar los aumentos en las cuotas de particulares y estos no podrán condicionar la compra de uniformes y materiales; se aplicarán multas de hasta 440 mil pesos a quienes retengan documentos por adeudos, y las universidades públicas colaborarán en esquemas de fiscalización.

Por otra parte, Miguel Barbosa informó que en esta semana se puso en contacto con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán para abordar temas de los periodos escolares y como resultado, informó que la entidad se ajustará a los calendarios de la federación para el regreso al nuevo ciclo escolar e incluso al periodo de compensación.

No obstante, aclaró que se encuentra en firme el término del ciclo escolar 2019-2020 para junio y con actividades desde casa, al mismo tiempo, reiteró que todos los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria aprobaron.

Cuestionado sobre las atribuciones de los presidentes municipales de San José Chiapa, Rafael Lara Grajales, Soltepec, Mazapiltepec y Nopalucan en Ciudad Modelo, el gobernador señaló que con el decreto aprobado por el Congreso, los ediles tienen la posibilidad de cobrar impuestos y derechos a las empresas ahí establecidas, pues ya no son recaudados por el organismo público descentralizado como sucedía en las administraciones morenovallistas.