Las reformas a la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se perfilan para ser aprobadas en el pleno del Congreso local durante la sesión ordinaria del jueves 8 de junio porque los primeros días de la próxima semana obtendrán luz verde en la Comisión de Educación.
La tarde del 1 de junio los legisladores del parlamento realizaron a puerta cerrada y en compañía de personal de la institución la segunda mesa de trabajo para analizar el proyecto.
Al término, la presidenta del órgano, Xel Arianna Hernández, informó que no dictaminaron hoy las reformas porque el área jurídica realizará cambios al documento enviado por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina previamente aprobado por la comunidad estudiantil.
Sin embargo, aclaró que las modificaciones son de forma y no de fondo, es decir, mantendrán la esencia del proyecto pero adecuarán cuestiones como la redacción.
“La intención (de no dictaminar la propuesta hoy) fue analizar cosas de forma, en realidad no es una modificación de fondo, a lo que ya está aprobado por la comunidad estudiantil”, dijo.
Adelantó que el próximo lunes o martes retomarán la sesión para dictaminar el proyecto que posteriormente será enviado al pleno y se perfila para analizarse en la siguiente sesión ordinaria que tendrá lugar el jueves 8 de junio.
En caso de que los legisladores de las diferentes bancadas avalen las reformas a la BUAP el decreto deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) para su entrada en vigor.
De acuerdo con el tercer artículo transitorio, la universidad deberá realizar las modificaciones correspondientes a las disposiciones vinculadas con la ley interna en un plazo menor a 180 días hábiles después de la entrada en vigor del decreto.
Con las reformas, la universidad busca reforzar la autonomía de la BUAP, prevenir la discriminación y la violencia. Entre los cambios más importantes son los estipulados al artículo 3 porque la BUAP pasará de ser reconocida legalmente como un organismo constitucionalmente autónomo a una institución de educación pública.
Dicho punto abonará a fortalecer la libertad de la escuela. También se aumentan las facultades de la universidad con el fin de crear, modificar y suprimir la organización académica, así como administrativa conforme a la ley.
De igual forma resalta eliminar el requisito de la edad máxima para ser rector o rectora. Con dicho punto se abre la posibilidad de que la rectora Lilia Cedillo Ramírez se reelija al frente de la institución.
Al término de su administración de Lilia Cedillo en el 2025 tendrá 66 años y estaría impedida legalmente para estar otros cuatro años en la rectoría. Sin embargo, al eliminar ese punto podría ser reelecta.
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