La construcción del libramiento poniente fue contratada durante el sexenio del ex gobernador, Mario Marin Torres, pero cancelada dos años después, en el mandato de Rafael Moreno Valle. A 12 años de distancia el gobierno estatal enfrenta un proceso legal porque la constructora Melgarejo Construcciones y Concesiones, que había obtenido el contrato, demandó una indemnización superior a los 640 millones de pesos.
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El libramiento poniente sería una vialidad de 26 kilómetros que conectaría al municipio de Huejotzingo con la carretera Siglo XXI, en la región de Atlixco, y el contrato para la construcción y operación de la misma, durante 30 años, fue otorgado en 2009 a la empresa constructora.
Sin embargo; en el 2012 el entonces Secretario de Infraestructura, Antonio Gali Fayad, dio a conocer que el gobierno encabezado por Moreno Valle había cancelado la obra porque estuvo prácticamente paralizada durante un año al carecer de los derechos de vía, ya que desde su anuncio en el 2009 los ejidatarios de al menos siete municipios se opusieron a otorgarlos.
Al argumento anterior se sumó que la empresa constructora había obtenido el contrato sin una licitación pública de por medio, como obligan los procedimientos para la contratación de obras.
Esta no fue la única obra cancelada durante el sexenio del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, ya que también se puso fin al contrato de concesión del Libramiento Arco Norte a la empresa Obrascón Huarte-Lain (OHL), aunque en su momento las autoridades indicaron que había sido “más fácil” cancelar la construcción del libramiento poniente.
Melgarejo Construcción y Concesiones S. A de C. V. decidió solicitar al gobierno una indemnización y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del título de concesión que obtuvo en el sexenio de Marín, sin embargo, debido a que no hubo respuesta por parte de la autoridad, promovió un juicio ante la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa local, que le dio la razón ante la falta de respuesta del gobierno.
Ante tal situación, el gobierno estatal promovió un amparo directo para evitar el pago al que fue obligado por los tribunales, mismo que fue sobreseído en un órgano colegiado, motivo por el que recurrió a la SCJN para pedir la revisión del tema, no obstante, la semana pasada la mayoría de los ministros rechazaron el recurso y dejaron firme la sentencia.
El gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dio a conocer que el Estado seguirá litigando el asunto para evitar un daño patrimonial, aunque evitó mencionar la suma que el mismo representaría para las arcas estatales.