La incertidumbre, desesperación y escasa atención por parte de las autoridades no son las únicas situaciones a las que se enfrentan familiares de personas declaradas víctimas de desaparición forzada o no localizadas, pues a este dolor ya inmenso se suma un desafío adicional e invisible: el limbo jurídico en el que quedan atrapadas las víctimas indirectas, a quienes la ayuda suele ser inexistente.
La falta de una ley que defina y regule el estatus de ausencia prolongada deja a hijas e hijos, madres y padres, así como hermanas y hermanos en un estado de desamparo que crea barreras adicionales para acceder a servicios y derechos básicos, así como gestionar asuntos relacionados con el desaparecido.
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Cuando una persona es víctima de la desaparición, los familiares cercanos toman las riendas de la búsqueda y al mismo tiempo el rol de cuidadores de quienes quedaron desprotegidos; sin embargo, al no ser los representantes legales o portar sus apellidos no les permite gestionar aspectos médicos, educativos ni trámites que los beneficien.
Tampoco pueden acceder a cuentas bancarios u otros activos financieros para solventar las necesidades de las personas desamparadas, generando una crisis económica. Para hacerlo deben de “dar por muerto” a su ser querido, permitiendo que las autoridades detengan el procedimiento de búsqueda, además de que simbólicamente representa el fin de la esperanza.
De acuerdo con la fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos, María Luisa Núñez Barojas, actualmente acompaña alrededor de 100 casos de personas víctimas de este delito, aproximadamente en el 30 por ciento de los casos hay infancias desprotegidas.
En el marco del Día Internacional de Víctimas de Desaparición, donde se busca visibilizar este fenómeno que de enero a julio de este año mantiene mil 175 carpetas de investigación abiertas ante la FGE, el Poder Legislativo pretende aprobar la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Puebla, una norma que ha empujada desde hace casi un año el colectivo liderado por Núñez Barojas.
En el limbo la educación de Raquel
El limbo en el que permanece la hija de Daniel Pérez tras su desaparición hace casi cinco años ha llevado a su abuela Cristina Domínguez no sólo a exigir que la carpeta de investigación se quede en Puebla, luego de que autoridades le han dicho que debe transferirse a Querétaro, sino también a reclamar la legislación de la declaración especial de ausencia.
Daniel desapareció el 23 de noviembre de 2019 en la capital poblana, cuando tenía entonces 28 años. El último registro que hay de él, recuerda su madre Cristina, es la llamada telefónica que sostuvieron ese día para invitarlo a una fiesta familiar; días después, la única comunicación que existió fue un mensaje de que estaba secuestrado.
Su familia no supo más de Dany, sólo que la última ubicación del dispositivo móvil fue en Querétaro. Hasta el 28 de noviembre se presentó la denuncia y, actualmente, no se sabe de su paradero. La Fiscalía General del Estado (FGE) busca transferir la investigación a la entidad de la región centro-norte del país, pues “en Puebla ya no hay nada que hacer”, relata Cristina.
Además de emprender la localización de su hijo, reunir pruebas, elaborar y entregar oficios, la madre buscadora de 62 años también está a cargo del cuidado de su nieta Raquel desde el día uno de la desaparición, pues su madre inició una nueva relación sentimental, por lo que la menor decidió quedarse con su abuela.
Todos los días Cristiana, quien tiene una discapacidad que le impide moverse con facilidad, se las ingenia para poder sacar adelante a su nieta con una pequeña pensión que recibe por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la poca ayuda que en ocasiones recibe por parte de la madre de Raquel.
La madre buscadora se hace responsable de todos los gastos, desde su alimentación, educación, servicios de salud, hasta vestido y calzado, pero en muchas ocasiones el recurso económico no es suficiente.
“Me cuesta mucho trabajo [hacerse cargo], no es fácil porque no soy su mamá, no tengo la edad adecuada para poder batallar con una preadolescente, no tengo la solvencia económica para darle todo lo que necesita, pero soy su único apoyo. Es complicado perder a mi hijo y mi nieta perder a su papá porque era su todo, desgraciadamente no le tocó una mamá que se hiciera responsable al 100 por ciento”, reclama.
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Cristina Domínguez quiere transferir los beneficios médicos a su nieta para que esté asegurada, sin embargo, esto ha sido un problema ya que no es la madre de la menor. También busca una beca para que pueda concluir sus estudios básicos, esto a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, pero no ha tenido una respuesta positiva.
“Desgraciadamente, con la desaparición, los que terminan pagando son adolescentes y niños porque son los que quedan desprotegidos y abandonados, sin casa, escuela, sin economía porque los papás son el sustento y al desaparecer todo se acaba”, recalca.
Sin acceso a cuentas bancarias para pagar educación
Una situación similar es la que enfrenta Reyna Ochoa, quien está a cargo de su sobrina Monserrat desde hace casi ocho años, luego de que su hermana Emma desapareció en noviembre de 2016 en San Pablo Xochimehuacan, junta auxiliar del municipio de Puebla.
Reyna recuerda el momento exacto en que recibió una llamada donde le informaron que su hermana de entonces 33 años no se había reportado en su centro de trabajo, una distribuidora de óptica en la capital poblana, por lo que comenzó a buscarla con otros familiares y en su domicilio, sin tener éxito.
Enseguida, relata, presentó una denuncia ante la FGE para emprender la localización de su hermana, sin hasta ahora tener alguna pista para dar con su paradero.
Desde ese instante, Emma se hizo cargo de su sobrina, a quien cuida y protege como si fuera su propia hija; no obstante, reconoce que no está en las mejores condiciones económicas para cubrir sus necesidades.
Esto, a tal grado de que Monse tuvo que perder un ciclo escolar para poder ingresar a la universidad y convertirse en médica veterinaria, pues no puede cubrir una cuota de una institución privada.
“Mi sobrina tuvo problemas con el examen de admisión y no pudo ingresar hace un año, entonces tuvo que esperar hasta este ciclo para volver a intentar y poder entrar”, cuenta.
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Reyna busca recuperar el dinero que su hermana tenía en una sucursal bancaria, para poder pagar los gastos de su sobrina, pero no ha podido acceder ya que le solicitan un documento que acredite su defunción.
Tampoco ha logrado brindar seguro médico a su sobrina, pues le dicen que necesita tener la custodia para darle los beneficios, petición que se ha replicado para emitir diferentes trámites.
La lucha de Maru para cuidar a su nieta
María Eugenia Rojas, una mujer de 68 años, se hace cargo de su nieta desde hace tres años, luego de que su hija Fabiola Narváez Rojas desapareció cuando se dirigía a la zona de la Central de Abasto para tramitar una tarjeta de crédito.
Su vida cambió por completo en enero de 2021, fecha en que desapareció su hija, pues además de emprender su búsqueda, hacer frente a malos tratos, revictimización por parte de servidores públicos y los impactos emocionales, también se vio obligada a tomar las riendas del cuidado de su nieta.
Maru, como la conocen, platica que la desaparición de su hija impactó de forma negativa en su nieta ya que comenzó a enfermarse con frecuencia y sus defensas bajaron. Por ello, intentó afiliarla al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue ahí donde comenzó el calvario para que su nieta acceda a sus derechos.
Al acudir a la institución de salud le negaron la posibilidad de transferir los beneficios al no ser su hija. Ante las trabas, la mujer llegó a la clínica jurídica ‘Minerva Calderón’ de la Ibero, para recibir ayuda en los trámites.
Los integrantes de este organismo recurrieron a un juez federal, quien desechó la solicitud al declararse incompetente, al no existir una ley al respecto. Posteriormente, la Clínica de la Ibero decidió iniciar un juicio de amparo, con el que la mujer pudo afiliar a su nieta y el IMSS se vio obligado a prestar los servicios de atención médica a la menor.
La señora María Eugenia celebra este logro jurídico, pero en ella existe el temor de que a su nieta le puedan quitar este derecho a su debido a la falta de una normativa local.
“No podemos dar por muertos a nuestros hijos, nosotros tenemos la esperanza de volverlos a encontrar. Si los declaramos muertos, la ley no los va a buscar”, reconoce.
Capacitación a personal, siguiente paso
Ante la inminente aprobación de la ley local y su entrada en vigor, el siguiente paso es capacitar a los servidores públicos involucrados en la ley de declaración de ausencia, con el objetivo de que las víctimas indirectas no tengan trabas y puedas acceder a sus derechos, señala el abogado y docente de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, Jonathan Carlos Amaro Hernández.
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El académico y quien también se desempeñó como capacitador de personal de la Comisión de Búsqueda de Personas en 2019, agrega que los pasos para tramitar la ley especial de ausencia deben ser claros, desde la especificación a quién se debe recurrir, hasta los documentos que se tienen que presentar, dependiendo la acción que se busque.
“Se debe sensibilidad a los servidores públicos, toda vez que en muchas ocasiones llegan a revictimizar a las víctimas indirectas, que son los familiares, diciendo que se fueron por borrachos o con el novio, cuando la realidad es que están desapareciendo por delincuencia organizado o alguna situación especial”, comenta.
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Finalmente, Amaro Hernández considera que la normativa busca dar certeza y seguridad jurídica a los familiares de las personas que son víctimas de desaparición forzada y con ello disminuir el calvario al que se enfrentan.
