La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal elaborará un análisis para modificar los límites de velocidad en ciertas vialidades de la zona metropolitana de Puebla capital y del interior del estado, esto con la finalidad de posicionar las cámaras de fotomultas en puntos estratégicos, anunció el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Con el objetivo de reducir los siniestros viales provocados por el exceso de velocidad en múltiples caminos de jurisdicción estatal, se localizarán los puntos con mayor incidencia de accidentes, para analizar si es viable modificar los límites de velocidad.
El mandatario estatal indicó en rueda de prensa que hay ciertos límites de velocidad que “no le gustan”. Por ello, aseveró que habrá modificaciones a dichos parámetros.
Aunado a ello, el titular de la SSP, Daniel Iván Cruz Luna, dio a conocer que la colocación de los 157 nuevos monitores viales, que estará a cargo de una empresa particular y que se materializará en próximos días, se hará conforme al nuevo análisis sobre las vialidades que más lo requieren.
Cabe recordar que fue en mayo pasado cuando el gobierno estatal emitió una licitación para adquirir 157 equipos nuevos de fotomultas, con el objetivo de incrementar la infraestructura de estos artefactos hasta 207 cámaras fijas. El contrato se firmó el pasado 24 de mayo.
Además, el funcionario hizo hincapié en que las fotomultas servirán como una medida preventiva para evitar la ocurrencia de siniestros viales derivados del exceso de velocidad.
Para finalizar, Céspedes Peregrina reveló que la operación de fotomultas será diferente este año. A diferencia del mecanismo implementado con el exgobernador Miguel Barbosa Huerta, donde se pagó a la operadora de estos sistemas una cantidad exacta, y la empresa estaba obliga a cumplir con una meta, ahora sólo se pagará por cada multa generada.
Lo anterior surgió luego de que la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), Teresa Castro Corro, reconoció en su reciente comparecencia ante el Congreso de Puebla que la dependencia perdió 81 millones de pesos bajo ese esquema, pues el estado pagó más por el servicio que el monto recaudado.