Desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla se hizo un llamado al Congreso local, para expedir la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado que está en la congeladora desde hace 10 meses, y busca ayudar a los familiares de las mujeres y los hombres que se encuentran en calidad de no localizados.
Por medio de un comunicado de prensa, se expuso que el territorio poblano es uno donde las personas desaparecidas no cuentan con un mecanismo que les permita, bajo el principio de presunción de vida, acceder a sus derechos civiles, patrimoniales y laborales.
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Dicha situación se traduce en el desconocimiento de su personalidad jurídica, dejando a las personas no localizadas y sus familiares indefensas.
El Instituto de Derechos Humanos de la institución recordó que las comisiones del Poder Legislativo todavía pueden sacar adelante la expedición de la ley, para turnarla al pleno y avalarla en el pleno conformado por los 41 diputados.
“Aún está a tiempo de dictaminar la iniciativa y convocar a un periodo extraordinario con el fin de aprobar este reclamo de familiares de personas desaparecidas que han enfrentado obstáculos y demoras a la hora de proteger a la persona jurídica y los derechos de sus seres queridos”.
Se hizo un llamado a los órganos legislativos involucrados que preside Edgar Garmendia de los Santos y Miguel Octaviano Huerta Rodríguez, para escuchar el llamado de los familiares que participaron en la elaboración de la iniciativa ingresada por medio de la diputada local del PT, Mónica Silva Ruiz.
“Llamamos a la Comisión Permanente y la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LXI Legislatura a reflexionar sobre su responsabilidad en la materia y aprobar esta iniciativa, como una muestra de empatía con las y los familiares de personas desaparecidas”.
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La propuesta de la normativa está compuesta por 37 artículos y uno de sus objetivos es “brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos de la persona desparecida, familiares o personas legitimadas por ley”.
Los efectos de la declaratoria serán para garantizar la patria potestad de la persona desaparecida y la protección de los derechos y bienes de las niñas, niños y adolescentes que sean hijas o hijos de esa persona.