Una extensa variedad de rezagos son los que arrastra el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Puebla (Itaipue), desde hace poco más de un año; por ello ello, ante el arribo de la nueva comisionada Rita Elena Balderas Huesca, lo que se esperaría es una completa solución a las complejidades, así lo examinó Roberto Alonso Muñoz, coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática.
Apenas tres meses después de rendir protesta, la excomisionada Claudette Hanan Zehenny dejó en marzo pasado su puesto para integrarse a la Sala Especializada Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Puebla. De esta forma, sus asuntos quedaron pendientes y fueron divididos entre las ponencias de Francisco Javier García Blanco y Harumi Fernanda Carranza Magallanes.
A decir de Alonso Muñoz, la postergación del trabajo del Itaipue, especialmente en el deshago de recursos de inconformidad y la falta de acción para reformar los estatutos en materia de acceso a la información, comenzó tiempo atrás, particularmente en 2021, cuando el Pleno se quedó bipartita por primera vez.
En febrero de ese año, la ex omisionada María Gabriela Sierra Palacios presentó su renuncia y la vacante que dejó no fue sustituida por el Congreso del Estado hasta diciembre, lo que ocasionó un atraso en el desahogo de recursos de revisión, entre otros temas.
“Ese déficit viene de tiempo. Tengo presente la larga ausencia de la ex comisionada Gabriela Sierra, quien dejó prácticamente vacía su su su silla en el instituto y desde ahí se vino acumulando un un rezago en la tramitación y en la gestión de los recursos de revisión”, argumentó el especialista.
Por esa razón, reconoció –con reservas– que, ante el nombramiento de Balderas Huesca, apenas el pasado 15 de julio, la carga de trabajo pueda empezar a liberarse: “Lo primero que tiene que enfrentar el instituto, es ponerse al corriente y atender de manera eficaz ahora que ya serán tres comisionados nuevamente (...) El [atraso] tendría que erradicarse (...) no en lo inmediato, pero sí, en un mediano plazo o en un en un plazo razonable de manera planeada”.
ATRASO REGULATORIO EN EL ITAIPUE
Alonso Muñoz puso también sobre la mesa el retroceso del instituto respecto a la formulación y modificación de preceptos en materia de transparencia y acceso a la información. Al respecto, evaluó que, si bien, es labor es verificar que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones, también lo es evaluar las normas vigentes en ese rubro.
Es por ello que recordó que Balderas Huesca ostentó hasta hace poco, el cargo de directora general de Transparencia y Gobierno Abierto de la administración estatal, por esa razón, refirió que la funcionaria se encuentra “comprometida” a representar una agenda con mayor apertura en ese sentido.
“Otro reto que tiene el instituto es formular políticas de transparencia, políticas de datos abiertos, políticas de acceso a la información [y] políticas de protección de datos personales (...) Esta nueva comisionada llega con esa experiencia (...) El instituto [debe ser] la cabeza de las políticas de apertura”, opinó.
INSTITUTO LEJANO A LA CIUDADANÍA
El especialista refirió que la información que emite el órgano garante está siendo escasamente socializada, provocando que este derecho humano sea difícil de garantizar para la ciudadanía. Esto mismo aplica para los entes públicos, especialmente los ayuntamientos que son los que más incurren en opacidad, remarcó.
“Un porcentaje reducido de la población, es el que hace uso fundamentalmente del derecho de acceso a la información pública (...) [Se requiere] hacer una mayor socialización de estos derechos tutelados (...) por un lado, el derecho de protección de datos personales [y] por el otro, no sólo se trata de vigilar (...) también debe garantizar (...) que (los sujetos obligados) cumplan con su labor”, abundó.
A propósito de esto último, consideró que el Itaipue no es la única autoridad responsable ante la incapacidad o falta de conocimiento que muchos actores gubernamentales se encuentran al rendir su información de interés público.
“Habría que echar mano del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), o sea, no asumir que el instituto es la única autoridad en la materia y que lucha contra el mundo solito. No. Hay una constelación de instituciones (...) hay mucho de donde (...) con todo el entramado institucional que existe en nuestro país a favor de la transparencia”, comentó.
CRÍTICA AL ACTUAR DEL CONGRESO
Por último, el coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática habló también sobre la segunda vuelta que el Legislativo tomó para elegir una nueva comisionada. Al respecto, lamentó que, pese a que el Congreso cuente con una comisión de Parlamento Abierto, esta característica no haya sido visible durante este procedimiento.
“Esta legislatura (LXI) ha hecho más de lo mismo y pues es la inercia (...) son en realidad simulaciones de parlamento abierto (...) Se ha hecho muy poco o al menos lo que se ha comunicado. No sabemos en realidad”, concluyó.
