/ domingo 22 de marzo de 2020

Lleva Claudia Rivera a la Suprema Corte conflicto de seguridad con Barbosa

Ayuntamiento presenta controversia constitucional por remoción de titular de la policía

El Ayuntamiento de Puebla llevó ante la Suprema Corte de Justicia el conflicto de seguridad con el Gobierno del Estado en materia de seguridad.

En un comunicado de prensa la comuna señala que el gobierno municipal, encabezado por Claudia Rivera, presentó “una demanda de controversia constitucional –con base en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- con el fin de que el máximo tribunal del país sea quien defina si el gobernador del estado de Puebla tiene o no facultades para remover y nombrar a la titular de la Policía Municipal”.

Pero eso no es todo y es que además el Ayuntamiento solicitó también que la Suprema Corte “declare inconstitucional el nombramiento de delegados por tratarse de una autoridad intermedia, también prohibida en la Constitución mexicana”.

De igual forma, señala el documento, se “solicitó la suspensión de todos los actos con intención de tomar por la fuerza las instalaciones de la Policía Municipal”, es decir, tanto el Gobierno de Claudia Rivera como el de Barbosa deben dejar a las corporaciones policiales en el estado que se encuentran.

El Ayuntamiento de Puebla llevó ante la Suprema Corte de Justicia el conflicto de seguridad con el Gobierno del Estado en materia de seguridad.

En un comunicado de prensa la comuna señala que el gobierno municipal, encabezado por Claudia Rivera, presentó “una demanda de controversia constitucional –con base en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- con el fin de que el máximo tribunal del país sea quien defina si el gobernador del estado de Puebla tiene o no facultades para remover y nombrar a la titular de la Policía Municipal”.

Pero eso no es todo y es que además el Ayuntamiento solicitó también que la Suprema Corte “declare inconstitucional el nombramiento de delegados por tratarse de una autoridad intermedia, también prohibida en la Constitución mexicana”.

De igual forma, señala el documento, se “solicitó la suspensión de todos los actos con intención de tomar por la fuerza las instalaciones de la Policía Municipal”, es decir, tanto el Gobierno de Claudia Rivera como el de Barbosa deben dejar a las corporaciones policiales en el estado que se encuentran.

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