Una marcada línea divide lo que queda del territorio agrícola y el resultado de un crecimiento urbano desproporcionado en San Andrés Cholula. Cerca de mil 500 hectáreas de suelo, que hace 30 años pertenecían a ejidatarios, se convirtieron en la zona con mayor apropiación inmobiliaria de Puebla: Lomas de Angelópolis, un proyecto que acorraló a los habitantes originarios del municipio para permitir el consumo sin límites del suelo rural.
Un desplazamiento que sirvió para la construcción de lujosos complejos y viviendas y que, además de provocar la pérdida de alrededor del 50 por ciento del suelo agrícola de la zona, disparó los impuestos inmobiliarios (predial, escrituración, entre otros) para los habitantes originarios, quienes, en su mayoría, se dedicaban a trabajar en el campo.
Ante la inminente salida de gran parte de la población originaria por esta situación, el crecimiento inmobiliario cobró fuerza, trayendo consigo afectaciones sociales, culturales y medioambientales. La expansión desmedida de este proyecto segregó a los habitantes del municipio, afectó la disponibilidad de agua potable y alteró la forma de vida de sus pueblos, acusan académicos y autoridades de desarrollo urbano y economía en Puebla.
“Se están privilegiando los intereses económicos de las compañías constructoras, incluso por encima de las propias autoridades municipales, porque no se pusieron reglas, no hay límites a esta expansión”, opina Carlos Absalón Copete, doctor en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública (EGAP) e investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
“El proyecto creció de manera desproporcional, sin tomar en cuenta la cobertura de agua potable, drenaje, recolección de basura, servicios públicos, se empieza a desbordar sin control”, agrega Margarita Luna Espinosa, secretaria de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana de San Pedro Cholula.
Muchos pobladores originarios vieron a sus antiguas tierras de cultivo convertirse en el hogar de personas con alto poder adquisitivo, otros, los pocos que quedan, incluso hoy se oponen a la idea. Ante ello, en el 2019 surgió Cholultecas Unidos en Resistencia, un movimiento compuesto por habitantes originarios, quienes a través de amparos judiciales lograron la detención temporal de esta expansión. “Queremos heredarles a nuestras familias lo que nos dieron, queremos vivir aquí”, expresa firme Alejandro Cuautlehuatl, integrante de la organización.
Cholutecas: nos piden no tener animales porque crean moscas e incomodan
Son habitantes de los siete pueblos originarios de San Andrés quienes se resisten a la expansión inmobiliaria en la zona: San Bernardino Tlaxcalancingo, San Antonio Cacalotepec, San Rafael Comac, San Francisco Acatepec, Santa Maria Tonantzintla, San Luis Tehuiloyocan y la cabecera municipal. Actualmente la organización superó los 100 integrantes y continúan sumándose más inconformes a este desalojo que, entre otras afectaciones, marcó una línea de discriminación por identidad y condición social, acusa Alejandro.
Un pequeño cerro situado en San Antonio Cacalotepec es donde algunos vecinos suben para observar el desarrollo inmobiliario de Lomas, un sitio donde antes visitaban los cultivos y el hogar de amigos y familiares que ya no están. Ahora, mirar a lo lejos es la única forma en la que pueden acercarse a la zona, de la que han sido expulsados.
“Nos amurallaron, nosotros no podemos pasar para allá, cuando alguien quiere ir a esa zona tiene que identificarse, vestir de cierta forma, llegar en un vehículo lujoso o te pueden correr, no puedes quedarte allá. En cambio, ellos pueden venir, andar por nuestras calles, participar en nuestras costumbres, ellos deciden cómo nosotros debemos adaptarnos, pero no podemos decidir”, expresa Osvaldo Tome, quien hace un par de años vio a familiares soltar el terreno que durante años les sirvió para criar ganado.
La expansión llegó a marcar una línea de desigualdad, de menosprecio a las actividades económicas de los habitantes originarios, expresa. “A nosotros nos piden ya no tener animales, ni vacas, ni cerdos, porque nos dicen que apestan, que crean moscas, que el olor incomoda a las familias que están llegando, no se dan cuenta que gracias a esto es que llega el plato de comida a nuestras casas”, señala.
Con esta postura coincide Leoba Atonal, panadera de San Bernardino Tlaxcalancingo. En su opinión, la expansión inmobiliaria también afectó el consumo de productos hechos en el lugar, pues ante la salida de los residentes locales, menos personas (las que van llegando) prefieren consumir un pan de horno, una memela de comal, un platillo típico de la región.
“Estamos perdiendo mucho de nuestra gastronomía, de lo que hacíamos con nuestras manos, ya se está acabando, porque nos están cambiando por grandes supermercados. Lo que nosotros queremos es seguir viviendo como antes, con nuestras costumbres, con nuestros animales, con nuestra cultura”, insiste.
El crecimiento urbano en San Andrés Cholula marcó una importante brecha de desigualdad que privilegió a las personas de alto poder adquisitivo, obligando a los residentes originarios a cambiar su forma de vida, poniendo en riesgo su propio desarrollo, sentencia Zeus Moreno Cortés, coordinador de la maestría Hábitat y Equidad Socioterritorial de la Universidad Iberoamericana Puebla. “Se aprecia el desplazamiento de los desfavorecidos, a pesar de su arraigo cultural”, subraya.
“Se están creando espacios donde solo pueden convivir personas iguales a los que ahí viven, donde ‘el otro’ (el originario) es desconocido. El tejido social se está fragmentando”, agrega por su parte Carlos Absalón.
Islas de calor, el principal daños medioambiental
Antes de la expansión inmobiliaria, alrededor del 90 por ciento de los habitantes en San Andrés se abastecía de agua mediante pozos subterráneos. Al observar esta práctica, diversas empresas constructoras copiaron el sistema para suministrar del vital líquido a los nuevos residentes, lo que afectó directamente su disponibilidad, lamentan los especialistas.
“Se construyeron desarrollos sin atender el respeto al medioambiente y la no explotación excesiva del agua, si seguimos con este ritmo de creación de unidades habitacionales tan grandes en menos de 10 años tendremos severos problemas”, advierte el académico de la BUAP.
En este sentido, Alejandro Cuautlehuatl agrega que una afectación visible de la falta de agua es la profundidad de los pozos. Durante los últimos diez años los habitantes pasaron de abastecerse del líquido en excavaciones de cinco metros de profundidad hasta de unas de 15 metros, por mencionar un caso optimista.
Por esto los residentes del municipio padecen la falta de agua. Aunque algunos resisten en cuidar sus pozos subterráneos, la mayoría está viendo llegar a sus viviendas el servicio de agua potable que, aunque podría parecer un acto benéfico, para ellos no lo es. “Es un impuesto que no vamos a poder pagar, eso nos obliga a vender o a irnos porque no nos va a alcanzar el dinero”, afirma.
A esto se suma un nuevo conflicto: la pérdida del suelo agrícola, el principal captador de agua para los pozos subterráneos. El crecimiento excesivo de la ciudad en una zona que no estaba previsto para serlo, y que trae consigo un proceso de pavimentación, está generando islas de calor, impidiendo la recarga del suelo, de los mantos acuíferos de la zona. Dicho de otra forma, provocó un severo daño medioambiental, condena la secretaria de Desarrollo Urbanístico de San Pedro Cholula.
“La invasión inmobiliaria aumentó los impuestos, la inseguridad y la escasez de recursos, al final de cuentas ellos van a sufrir de agua tanto como nosotros, estamos dejando de retroalimentar el suelo, estábamos dando vida a las ciudades”, concluye Alejandro.
Vía Atlixcáyotl, la división entre lo urbano y lo agrícola
Un problema que surgió desde los años 80 del siglo pasado con la construcción de la Vía Atlixcáyotl, una vialidad que atraviesa el municipio y dejó marcada la diferencia entre la zona agrícola y urbana, es como define Facundo Flores, habitante de la cabecera municipal de San Andrés, el inicio de la especulación inmobiliaria. “Vino a partir todo, nos dividió a la comunidad porque era más complicado cruzar a los predios”, recuerda.
Más tarde, en los años 90, surgió el interés de algunos inversionistas por comprar ejidos en San Bernardino Tlaxcalancingo y San Antonio Cacalotepec (asentamientos de Lomas). A decir de Facundo, el desconocimiento de los dueños originales por el uso que se les daría a estas tierras y su tipo de suelo logró la venta de terrenos desde tres pesos el metro cuadrado.
“Eran ejidos de las juntas auxiliares y ahora ya están en manos de los ricos, cuando compraron nos dijeron que serían para áreas verdes, para cosas benéficas de la comunidad, pero ahora vemos con tristeza que fue un vil engaño”, comparte.
“A raíz del Programa Regional Angelópolis, en 1994, se hicieron expropiaciones de tierra en donde solo había ejidatarios. Llegaron (los del gobierno) con una bandera de crear viviendas de interés social, pero solo quedó en eso, porque iniciaron con viviendas de alto nivel, les resultó más atractiva la compra de ejidos porque fue barato”, agrega Margarita Luna.
Falta regulación para armonizar partes
El problema se agudizó en el 2008. La prioridad que se concedió al desarrollo inmobiliario, junto con los intereses económicos que traía tras de sí, supuso ser un tema más importante que la conservación del suelo agrícola, narra Carlos Absalón en el Plan de Desarrollo Urbano de ese mismo año.
La escasa regulación de los permisos de cambio de uso de suelo en el municipio desencadenó un proceso parecido a la gentrificación, es decir, el desplazamiento de los habitantes originarios para la construcción de viviendas de alto poder adquisitivo. “A veces los funcionarios llegan y se olvidan de mirar hacia abajo”, sentencia el académico.
Durante la evaluación que el académico de la BUAP realizó a dicho plan, como parte de un trabajo para el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), y que comparó con el del año 2018 (sin notar grandes diferencias), observó que este documento tenía un bajo control en la explotación de los recursos naturales, en especial de los mantos acuíferos de la demarcación.
“Esos planes municipales privilegiaban el desarrollo de nuevas unidades habitacionales, dejaban de lado lo que pasaba con los grupos sociales. No tenía la visión de otros actores, las autoridades hicieron la consulta solo con empresarios. Me parece importante que se hubiera consultado a los campesinos porque eso no estaba presente, o al menos no se podía detectar”, sostiene.
Al darse cuenta los pobladores de esta situación, y con la creación de Cholultecas Unidos, en 2019 emprendieron una serie de acciones legales para frenar el Plan de Desarrollo Urbano del año 2018 mediante amparos, solicitando que en este documento se agregara una consulta ciudadana a fin de frenar un fenómeno severo de sobreexplotación de sus tierras.
“Ese programa nos partía en mil pedazos, eso hizo que nos organizáramos porque no estaba integrado lo que los pueblos necesitaban. El gobierno municipal (encabezado en aquel entonces por el panista Leoncio Paisano Arias) quiso detonar el suelo para los ricos a costa de sacrificar a los pobres, dejando aprobado un programa bastante agresivo para las comunidades”, acusa Facundo Flores.
Por esta razón, y al ganar los manifestantes uno de los amparos, el Plan de Desarrollo Municipal de San Andrés se detuvo. Ahora los inconformes están en espera y en proceso de negociación para que sus propuestas sean incluidas en la nueva actualización. “A ellos y a nosotros nos conviene llegar a un acuerdo, porque tienen detenidos sus permisos”, afirma el residente.
En este orden de ideas, Eduardo Gutiérrez Juárez, director académico de Arquitectura de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), opina que esta dinámica es difícil de controlar, toda vez que el nuevo plan tiene el reto de gestionar el crecimiento inmobiliario desde un punto de vista que no está regulado, es decir, de las empresas constructoras.
El director observa que, a mediano plazo, este proceso seguirá en una tendencia no del todo positiva, ya que aparentemente no hay un equilibrio entre la gestión privada del suelo y los intereses de los actores involucrados.
“El suelo se convirtió en un producto. Ahora lo que debemos cuestionar es: ¿en qué ciudad queremos vivir y a qué le estamos dando prioridad?”, sugiere.
¿Hay futuro para evitar el desplazo de los pueblos originarios?
Entre las propuestas más relevantes que los pueblos originarios aportaron para la creación del nuevo plan de San Andrés se encuentra la estrategia “polígonos de protección”, que establece cuáles zonas del municipio pueden continuar con un crecimiento inmobiliario, cuáles deben ser consideradas como reservas agrícolas y cuáles pueden tener un proceso de transición, tomando en cuenta la demanda de vivienda en la zona, expone el investigador de la BUAP, quien revisó estos planteamientos.
“Podría pensarse que, como fue elaborado por personas que no vienen de la academia, carece de valor, pero lo que hicieron en seguimiento a este fenómeno fue un trabajo muy bueno”, presume.
En dicho documento los habitantes proponen la continuidad de construcciones, pero que las unidades no hagan un uso excesivo del territorio. Enfatizan también la realización de más consultas ciudadanas y la concientización de los nuevos residentes acerca del proceso de desplazamiento por el que atravesaron.
Finalmente, el punto más importante en esta propuesta es el respeto a sus tradiciones, manifestaciones culturales y religiosas, la no sobreexplotación de la tierra y los mantos acuíferos del municipio, así como la reparación de las partes contaminadas, detalla Carlos Absalón.
“Sabemos que hay necesidad de vivienda, pero tenemos derecho de defender y conservar estas tierras que en su mayoría han sido heredadas (…) Estamos conscientes que vamos a crecer, pero queremos que sea de adentro hacia afuera y no al contrario, porque de otra forma nos invade”, resalta Facundo.
Los académicos de la BUAP e Ibero coinciden en que durante este proceso habrá una disputa por la noción de desarrollo urbano, ya que hay muchas maneras de percibir lo que es. Para algunos, la llegada de lujosas construcciones y el uso desmedido del automóvil lo es, para otros más es el respeto de las construcciones por el medioambiente y el mejoramiento del sistema de transporte público. “Para mí un pueblo más avanzado no es donde todos se trasladan en automóvil, ¿por qué no podemos aspirar a mejores mecanismos de transporte?”, cuestiona Absalón Copete.
“Los grupos inmobiliarios deben ser un poco más conscientes en entender la identidad cultural que hay alrededor, las autoridades municipales tienen el reto de sobreponerse a los intereses económicos de estas empresas y poner un alto, porque ya estamos en el problema, pero puede agravarse”, remata Moreno Cortés.
