Luego de que la mañana de este jueves se diera a conocer la detención en Veracruz de Adolfo Karam, exsecretario de Seguridad Pública de Puebla durante la administración de Mario Marín, acusado del delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho Ribeiro en 2005, la también escritora compartió una postura en video en sus redes sociales.
Y es que luego de que Cacho denunciara haber sido víctima de este delito por la publicación de su libro “Los demonios del Edén”, en el que acusaba una presunta red explotación sexual infantil, lavado de dinero y tráfico de influencias, los presuntos responsables, que por varios años lograron evadir la justicia, han sido puestos tras las rejas.
Reafirma Cacho lucha contra tratantes de menores
Fue a través de la red social de Twitter donde la activista compartió un hilo de tres publicaciones luego de que se diera a conocer la noticia, en el primero de los tweets recordó que publicó su obra en el mismo año que comenzaron las agresiones en su contra, pues manejaba nombres y apellidos de quienes señalaba, lo que la ha mantenido 19 años encarcelando a cada uno de ellos.
Por su parte, en su video, aunque no menciona ningún nombre, asegura que en 2019 el grupo de pederastas, tratantes de niñas y niños, políticos, policías y protectores de estas redes, enviaron a sicarios a vengarse porque sigue insistiendo en encarcelar a los funcionarios públicos y criminales que compran, venden y explotan sexualmente a niña y niños e incluso reafirma que está documentado en su libro.
Recuerda que fue torturada, pues afirma que buscaban eliminarla, además de que señala que creyeron que desde el exilio decidiría no seguir adelante, lo cual no sucedió, pues mantiene su lucha hasta la actualidad, además de reiterar que “los funcionarios públicos no deberían defender a la delincuencia organizada, deberían de proteger a nuestras niñas y niños”.
En un par de tweets más, la periodista afirmó que ha vivido 19 años de su vida entre juicios y atentados, por lo que reconoció a organizaciones civiles en pro de la libertad de expresión como Artículo 19, pues sin su apoyo afirma que “estaría muerta”, además de que las personas que la quieren han evitado que se encuentre devastada, sola y triste, además de apuntar, “nunca es demasiado tarde para seguir” y sentenciar que no se arrepiente de su trabajo.
Adolfo Karam y su participación en el caso Lydia Cacho
Todo comenzó en octubre del 2003 cuando un grupo de mujeres y niñas procedieron legalmente en contra de Jean Succar Kuri por los delitos de violación, abuso sexual de menores y pornografía infantil, tras lo que fue liberada una orden de aprehensión, sin embargo, el señalado logró darse a la fuga y fue entonces cuando Cacho Riveiro recibió las primeras amenazas de muerte, por lo que interpuso la denuncia correspondiente, pero las víctimas también fueron perseguidas.
Posteriormente, en 2004, el empresario hotelero logró ser detenido en Arizona, Estados Unidos, para en 2006 ser extraditado con la finalidad de que cumpla una condena de 112 años de prisión, no sin que antes fuera publicada en 2005 la investigación periodística de Lydia Cacho, en un formato de libro, en el cual también deja al descubierto actos de corrupción policiaca.
Dentro de los nombres mencionados figura el de Kamel Nacif, quien incluso llegó a declarar ante los medios que pagaba la defensa de Succar, luego de lo que el 16 de diciembre de 2005, Lydia Cacho fue detenida y torturada por un grupo de policías judiciales que la trasladaron por tierra de Quintana Roo a Puebla, lo que activó una red de periodistas para proteger su vida.
Tras lograrse obtener las grabaciones telefónicas de Casa Puebla, entonces residencia oficial del gobernador del estado, fueron descubiertas llamadas entre los judiciales asignados al caso, el entonces gobernador Mario Marín y la entonces Procuradora de Justicia, Blanca Laura Villeda, siendo “Juanito” Nakad Bayeh el encargado de las amenazas de golpes y violación contra Cacho en la cárcel.
En aquel enonces, Hugo Adolfo Karam fungía como director de la Policía Judicial de Puebla, además de que mantenía una ríspida relación con la titular de la institución procuradora de justicia, por lo que Cacho Riberio lo acusa de ser quien se encargó de dirigir las acciones de los policías ministariales que se encargaron de su detención y traslado a suelo poblano, aun por encima de la procuradora.
Por su parte Nacif tenía maquilas en el penal de San Miguel, por lo que el 21 de diciembre de 2005, Lydia Cacho recibió el auto de formal prisión por los delitos de Difamación y Calumnia, aunque días después el delito fue eliminado por falta de elementos y la defensa de la periodista logró trasladar el juicio a Quintana Roo e incluso la misma grabación telefónica muestra llamadas con el presidente del Tribunal Superior de Justicia para negociar una fianza.
Pero la cumbre del caso se dio el 14 de febrero de 2006, cuando el diario La Jornada y la periodista Carmen Aristegui hicieron pública una serie de llamadas telefónicas entre Kamel Nacif y Mario Marín, en las que agradece su intervención con la detención de la periodista al grado que afirma que es “el héroe de esta película” y es en estas comunicaciones donde nace el sobre del “góber precioso” para el poblano.
Tras darse a conocer estos audios, en marzo del 2006 Cacho interpuso una denuncia en contra del mandatario, la procuradora, los policías judiciales, la juez penal Rosa Celia Pérez, Kamel Nacif, “Juanito” Naked y quien resulte responsable, bajo los delitos de abuso de autoridad, cohecho, ejercicio indebido del Servicio Público, tráfico de influencias, colusión de servidores públicos, tortura, tentativa de violación y lo que resulte.
Fue hasta que el juez de lo penal en el Distrito Federal sobresee la causa penal por difamación contra Lydia Cacho que la sentencia quedó ejecutoriada el 2 de enero de 2007, por lo que quedó libre de todo cargo penal y meses después el 30 de noviembre de 2007, un grupo de ministros de la Suprema Corte de Justicia exoneraron a Marín al considerar que no hubo conspiración.
En agosto de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas resolvió la existencia de violaciones a los derechos humanos de la periodista, por lo que pidieron “procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsables de las violaciones cometidas” e incluso en enero de 2019, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública.
Finalmente, fue el 11 de abril de 2019 cuando el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito con sede en Cancún, giró un orden de aprehensión contra Marín Torres, Kamel Nacif, Hugo Adolfo Karam, Juan Sánchez Moreno y Juan Nakad, de los cuales la mayoría se encuentra detenidos, siendo Karam el último apresado, mientras que Nacif sigue sin ser localizado.
