Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) con sede en Puebla continuarán el paro laboral que arrancó en agosto. Este 16 de octubre se hizo una votación para decidir si continuaban o no con esta pausa en sus funciones y pasando el mediodía, mil 136 servidores emitieron su sufragio, de los cuales, 822 votaron a favor, 288 en contra y 26 fueron nulos.
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La votación se llevó a cabo en un contexto en el que los trabajadores demandan mejoras laborales, condiciones más justas y una reunión con autoridades federales para modificar la recién aprobada Reforma al Poder Judicial, la cual elegirá mediante el voto popular a jueces y magistrados.
Para la votación, se convocó a todos los empleados de juzgados en todas las especialidades, a los servidores de los tribunales y los que laboran en los centros de justicia. De 8:30 a 10:00 horas se fueron las votaciones de los juzgados de especialidades, en este mismo horario los centros de justicia y de 10:00 horas a 11:00 horas los tribunales colegiados.
Pasando el mediodía, se confirmó que continuarían en paro de labores indefinido, ya que después de llevarse a cabo la votación de mil 136 personas, 822 votaron a favor de seguir en esta dinámica, 288 en contra y 26 votos nulos. Esta decisión, seguirá afectando a cientos de ciudadanos que han visto su proceso legal detenido.
La reciente reforma al poder judicial en México busca modificar diversos aspectos del sistema judicial, con el objetivo de mejorar su eficiencia y transparencia. Entre las principales propuestas se encuentran:
Cambios en la estructura y funcionamiento de los tribunales, la creación de nuevos mecanismos para la selección de jueces y magistrados, así como la implementación de medidas para agilizar los procesos judiciales.
Sin embargo, la reforma ha generado una considerable polémica. Los críticos argumentan que podría poner en riesgo la independencia del poder judicial, al permitir un mayor control político sobre la selección de jueces y magistrados.
Además, hay preocupaciones sobre la posibilidad de que estas modificaciones se utilicen para debilitar a las instancias judiciales que han sido críticas del gobierno. Por ello, los paros y las manifestaciones de oposición han surgido de diversos sectores de la sociedad civil, quienes ven la reforma como una amenaza a la separación de poderes y a la protección de los derechos humanos.
Los defensores de la reforma argumentan que es necesaria para combatir la corrupción y mejorar el funcionamiento del sistema judicial, mientras que los opositores temen que su implementación pueda llevar a un retroceso en la justicia y el estado de derecho.