El exgobernador de Puebla Mario Marín Torres continuará su proceso legal con arraigo domiciliario en Puebla, luego de que la jueza Segunda de Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño Suárez ordenó el cambio de medidas cautelares del exmandatario, quien se encuentra actualmente en el cereso de “El Altiplano”, conocido también como “Almoloya”.
Lo anterior luego de que este día se llevó a cabo una audiencia en la que se resolvió un amparo promovido desde el pasado 9 de agosto por parte de los abogados defensores Eduardo Padilla y María Eva Lozada Carmona para cambiar la medida cautelar de prisión preventiva.
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Una vez esto, se concedió el amparo para que quede en libertad bajo la condición de utilizar un brazalete localizador, además de que se determinó que no existe peligro para Lydia Cacho (la presunta víctima), quien está fuera del país. Por tanto, ahora el ex ejecutivo estatal tendrá un arraigo en Puebla.
En entrevista con El Sol de Puebla María Eva Lozada Carmona, señaló que con esto Mario Marín no ha quedado exonerado del delito que se le acusa por tortura contra la periodista Lydia Cacho en 2005, sin embargo, podrá seguir el proceso legal desde la entidad poblana donde tiene su domicilio.
Asimismo, explicó que una vez dada la resolución la Fiscalía General de la República (FGR) o la Fiscalía General del Estado (FGE) tienen un plazo de 24 horas para que informen de la empresa que le pondrá al exgobernador un dispositivo electrónico localizador que llevará puesto para que las autoridades puedan monitorearlo y no salga del país.
“Procede su libertad el efecto de esta resolución del día de hoy es que el licenciado Mario Marín Torres pueda seguir en libertad la continuación del proceso, no es una exoneración total, sino que únicamente se está aplicando en su beneficio el criterio de la corte interamericana de que una persona no puede estar en prisión preventiva por más de dos años”, expuso.
También compartió que deberá pagar una multa por 100 mil pesos y de manera periódica tendrá audiencias que contarán como firma periódica una vez que quede en libertad.
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Añadió que después de cuatro años en prisión, Marín Torres presenta cuestiones de salud que deberá atender cuando ya esté fuera del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Antiplano”, pero no dio más detalles.
Condena Lydia Cacho resolución
La periodista y presunta víctima de Marín, Lydia Cacho, acusó que la decisión de la jueza ocurre justo en la recta final del proceso penal que emprendió contra el también llamado “gober precioso”, en el que esperaba obtener una sentencia firme para él por el delito de tortura, pero, por el contrario se tiró “por la borda” todo el esfuerzo de 15 años de investigaciones, incluidas las de la Interpol.
“Ahora mismo la jueza segunda de distrito de Quintana Roo está liberando a mi torturador #MarioMarín, al que me ha mandado a matar para callarme, para proteger a #KamelNacif. Marín, que estuvo prófugo de Interpol “no es peligroso”, según la jueza Angélica Ortuño”, escribió Cacho en su cuenta de X.
Criticó que se de la posibilidad de que el ex mandatario “pase el juicio desde su mansión en Puebla”, a pesar de que durante el proceso que emprendió en su contra ha demostrado en los tribunales que tiene relación con redes de trata de niños y agregó que “se mueven las redes criminales al interior del poder judicial.
Caso Marin, inició con denuncias de trata
El caso Marín comenzó en el año 2005, cuando la periodista publicó el libro “Los demonios del edén”, en el que denunció la existencia de una red de explotación sexual infantil en la que estaban involucrados el gobernador en turno y los empresarios Kamel Nacif y Jean Succar Kuri.
La investigación de Cacho surgió de la atención a varias víctimas de Succar en un Centro Integral para Mujeres Víctimas de Violencia (CIAM) de Cancún, que la periodista dirigía a principios de los años 2000.
En el 2003 se difundieron videos en los que el empresario admitía que sostenía relaciones sexuales con menores, gracias a que la madre de una de las víctimas lo obtuvo con la intención de denunciarlo y aunque procedió legalmente para ese momento él ya tenía un amparo.
No obstante, cuando el libro de Lydia se publicó Succar Kuri ya estaba preso en Chandler, Arizona, acusado de pornografía infantil y abuso sexual de menores. En el 2006 fue extraditado a México en donde era investigado por lavado de dinero y enfrentó una condena de 112 años en la cárcel de Quintana Roo. Murió en junio pasado en Cancún.
Lydia víctima de tortura
Con la publicación, Kamel demandó a Lydia por difamación y calumnia y dada la cercanía que el empresario tenía con el entonces gobernador fue que la Fiscalía General de Puebla la detuvo en Cancún en diciembre del mismo año en que salió a la venta el libro.
Durante el traslado vía terrestre desde Quintana Roo a la ciudad de Puebla la periodista fue torturada, ya que de acuerdo con las declaraciones que ofreció posteriormente fue custodiada por cinco agentes que le ponían el arma en la cabeza, le lanzaban amenazas de muerte y le controlaban los alimentos, entre otros actos de violencia psicológica.
Cacho estuvo arrestada casi 30 horas y fue obligada a pagar una fianza de 106 mil pesos para ser puesta en libertad, para enero del 2006 la víctima fue absuelta del delito de calumnia del que se le acusaba, aunque seguía sometida a proceso por difamación.
Un mes después salió a la luz un audio de una conversación entre el entonces gobernador Marin y Nacif en las que el mandatario dijo que ya le había dado a la periodista “un pinche coscorrón” “porque en Puebla se respeta la ley”.
En respuesta, el empresario le ofrecía agradecerle con dos botellas de coñac. Esa misma grabación fue la que sirvió para que a Marin se le apodara “el gober precioso”, ya que así lo llamaba Nacif.
Procesan a Marin por tortura
Aunque tras las múltiples pruebas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no había violaciones graves contra Cacho, ella continuó su lucha y en el 2018 por primera vez la Organización de las Naciones Unidas emitió un pronunciamiento en contra de lo determinado por el Estado Mexicano.
Lo anterior dio pauta a que se retomaran las investigaciones y fue así que en el 2019 se giraron órdenes de aprehensión por las violaciones a los derechos humanos de Cacho en contra de Marín, Nacif, Karam Beltrán y Juan Sánchez Moreno, exdirector de Mandamientos Judiciales del estado.
Pese a los múltiples amparos que promovió, en febrero de 2021 el ex mandatario fue detenido por Agentes de la Fiscalía General de la República en Acapulco Guerrero, luego de que durante casi dos años estuvo prófugo de la justicia y de que incluso contó con una ficha roja de la Interpol, con la cual era buscado en más de 190 países.
Tras haber estado tres años en prisión, finalmente el priísta obtuvo un amparo que le permitirá dejar la cárcel y seguir enfrentando los cargos desde su domicilio.
