/ jueves 21 de diciembre de 2023

Más de 400 unidades 'pirata' han sido enviadas a depósitos vehiculares oficiales

El gobierno poblano emprendió 580 acciones de supervisión en 27 de los 217 municipios de la entidad para verificar la forma de operar del transporte

Un total de 438 unidades dedicadas a brindar servicios de transporte pirata en territorio estatal fueron remitidos a depósitos vehiculares oficiales, esto como parte de los operativos aplicados en el transporte público durante el periodo de enero a noviembre de este año, se detalló en el Primer Informe de Gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

De acuerdo con el documento de acceso público, el gobierno poblano emprendió 580 acciones de supervisión en 27 de los 217 municipios de la entidad para verificar la forma de operar del transporte, esto a cargo de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), liderada por Omar Álvarez Arronte.

La dependencia detectó más de 400 vehículos que ofrecían el servicio de movilidad bajo la modalidad de transporte público, taxi, turístico y comercial sin contar con los permisos correspondientes para circular por diversas vialidades, por lo cual fueron enviados al corralón.

El desglose de información exhibió que enero y febrero fueron los meses con la cifra más alta de unidades remitidas, con un total de 75 y 68, respectivamente. En los meses siguientes la cifra fue a la baja, marzo con 21, abril con 18 y mayo con 24.

Para junio, la autoridad en materia de movilidad envió al corralón a 64 unidades, julio con 55, agosto con 43, septiembre con 30, octubre con 28 y noviembre cerró con 18 vehículos enviados al corralón por brindar servicio de forma irregular.

La dependencia también inició 86 procesos administrativos en contra del transporte público, desde la suspensión de la licencia hasta la revocación de concesión, en el periodo previamente señalado.

El desglose de información detalló que 21 casos correspondieron a procesos administrativos de recurso de revocación, 20 por revocaciones de concesiones, 15 más para la cancelación de permisos de operación, 14 de suspensiones de licencias, 12 demandas de nulidad, tres de suspensiones de concesiones y un recurso de reconsideración.

En lo que respecta a la supervisión a personas operadoras del servicio de transporte público para que no conduzcan bajo los efectos de bebidas alcohólicas o cualquier sustancia psicotrópicas, la dependencia a cargo de Álvarez Arronte realizó 4 mil 147 pruebas toxicológicas que contemplan la detección del consumo de marihuana, anfetaminas y cocaína, de los cuales únicamente 25 personas resultaron positivas y fueron infraccionadas.

En agosto pasado, El Sol de Puebla reportó que la ausencia de un servicio de transporte público efectivo en las periferias de la zona metropolitana de Puebla capital provocan la proliferación de taxis pirata, especialmente para quienes deben trasladarse hacia zonas como Lomas de Angelópolis, donde se encuentran sus centros de trabajo.

Aunado a lo anterior, esta casa editorial ha informado sobre la forma en cómo al menos cinco organizaciones lucran con la escasez de un sistema de movilidad pública en el Periférico Ecológico.

Según revelaron fuentes que participan en dicha actividad, a cada chófer se le solicita una cuota inicial de mil 500 pesos, así como una tarifa mensual de 700 pesos por unidad. Todo ello sin contar que, además de hacerlo en la clandestinidad, los chóferes laboran sin prestaciones ni seguro vial.

Un total de 438 unidades dedicadas a brindar servicios de transporte pirata en territorio estatal fueron remitidos a depósitos vehiculares oficiales, esto como parte de los operativos aplicados en el transporte público durante el periodo de enero a noviembre de este año, se detalló en el Primer Informe de Gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

De acuerdo con el documento de acceso público, el gobierno poblano emprendió 580 acciones de supervisión en 27 de los 217 municipios de la entidad para verificar la forma de operar del transporte, esto a cargo de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), liderada por Omar Álvarez Arronte.

La dependencia detectó más de 400 vehículos que ofrecían el servicio de movilidad bajo la modalidad de transporte público, taxi, turístico y comercial sin contar con los permisos correspondientes para circular por diversas vialidades, por lo cual fueron enviados al corralón.

El desglose de información exhibió que enero y febrero fueron los meses con la cifra más alta de unidades remitidas, con un total de 75 y 68, respectivamente. En los meses siguientes la cifra fue a la baja, marzo con 21, abril con 18 y mayo con 24.

Para junio, la autoridad en materia de movilidad envió al corralón a 64 unidades, julio con 55, agosto con 43, septiembre con 30, octubre con 28 y noviembre cerró con 18 vehículos enviados al corralón por brindar servicio de forma irregular.

La dependencia también inició 86 procesos administrativos en contra del transporte público, desde la suspensión de la licencia hasta la revocación de concesión, en el periodo previamente señalado.

El desglose de información detalló que 21 casos correspondieron a procesos administrativos de recurso de revocación, 20 por revocaciones de concesiones, 15 más para la cancelación de permisos de operación, 14 de suspensiones de licencias, 12 demandas de nulidad, tres de suspensiones de concesiones y un recurso de reconsideración.

En lo que respecta a la supervisión a personas operadoras del servicio de transporte público para que no conduzcan bajo los efectos de bebidas alcohólicas o cualquier sustancia psicotrópicas, la dependencia a cargo de Álvarez Arronte realizó 4 mil 147 pruebas toxicológicas que contemplan la detección del consumo de marihuana, anfetaminas y cocaína, de los cuales únicamente 25 personas resultaron positivas y fueron infraccionadas.

En agosto pasado, El Sol de Puebla reportó que la ausencia de un servicio de transporte público efectivo en las periferias de la zona metropolitana de Puebla capital provocan la proliferación de taxis pirata, especialmente para quienes deben trasladarse hacia zonas como Lomas de Angelópolis, donde se encuentran sus centros de trabajo.

Aunado a lo anterior, esta casa editorial ha informado sobre la forma en cómo al menos cinco organizaciones lucran con la escasez de un sistema de movilidad pública en el Periférico Ecológico.

Según revelaron fuentes que participan en dicha actividad, a cada chófer se le solicita una cuota inicial de mil 500 pesos, así como una tarifa mensual de 700 pesos por unidad. Todo ello sin contar que, además de hacerlo en la clandestinidad, los chóferes laboran sin prestaciones ni seguro vial.

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