Más de un centenar de concesionarios está en la espera de la resolución de una “suspensión provisional” de un amparo federal, que interpusieron miembros de la Unión de Transportistas del Estado de Puebla, para pedir que se interrumpa el convenio de modernización de las unidades de transporte público y la instalación del equipo de vigilancia que irá conectada al C5.
Al respecto, Samuel Méndez Díaz, concesionario y promotor de este juicio, informó que desde diciembre decidieron intervenir con un recurso jurídico, luego de que el gobierno del estado incumplió primero los acuerdos del incremento al pasaje.
Recordó que en octubre de 2019 se dio un ajuste al alza al costo del pasaje en Puebla, y en menos de una semana, las autoridades estatales decidieron que no aplicara a estudiantes, un tema que aún está irregular pues la Secretaría de Educación (SEP) no ha emitido las credenciales oficiales para aplicar la medida y el subsidio es menor.
Por esa razón dijo que casi mil dueños de unidades de diversas rutas han decidido sumarse a un amparo para que el convenio no sea aplicable y eviten las futuras revocaciones de concesión, por la demora de no cumplir en el tiempo establecido, los acuerdos que incluyen la instalación de cámaras de vigilancia, botones de pánico, sistema GPS y la torreta.
“Se trata de un amparo que reclama siete cosas, puede llevarse hasta más de un año, pero lo que queremos ahora es que se realicen las medidas provisionales, en esa, hemos pedimos que no se muevan las cosas, que se queden como están, sin obligar a adquirir dispositivos de seguridad”, agregó.
Al respecto, Arturo Loyola, consideró que están a favor de defenderse legalmente debido a que las condiciones no son equitativas si se comparan con los millones de pesos anuales que se dan de subsidio a la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), sistema de la administración morenovallista que desplazó a cientos de unidades del servicio tradicional.
Asimismo, aclaró que no están en contra de cumplir con la ley, mantener el diálogo, además de establecer acuerdos, sin embargo, aclaró que están en su derecho de protegerse legalmente ante alguna situación.
Informó que el pasado viernes, 31 de enero, enviaron un documento al gobernador Luis Miguel Barbosa y al titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga, para solicitar una reunión antes de una posible represión en contra de los concesionarios.
“Hay voluntad de hacer que el transporte sea seguro, aunque no sea nuestra responsabilidad, vamos a colaborar con las autoridades”, agregó.
Tanto Samuel Méndez como Arturo Loyola señalaron que el avance de modernización es menor a las expectativas de las autoridades, pero que cumplirán con la ley, incluso, adelantaron que para evitar una sanción no saldrán algunas unidades después del 13 de febrero.
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